El documento es conocido como «Protocolo antipiquetes». Su aprobación muestra que el oficialismo parlamentario suele transitar por una franja indefinible de la dimensión política. Hubo 19 abstenciones y algunas ausencias.
Sin el menor sentido de la oportunidad, los diputados de la provincia desarchivaron un proyecto que había tomado estado parlamentario en abril del año 2022. Por aquel entonces la preocupación eran los cortes de rutas en el norte provincial, pero en estos días de conflicto docente queda su tratamiento busca acabar con uno de los mecanismos de protesta por el cual fueron detenidos 19 trabajadores de la educación la semana pasada.
El artículo primero del desempolvado proyecto dice tener por “objeto conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza”.
La iniciativa consta de otros 12 artículos. En uno de ellos se define lo que es una protesta, en otros se destaca que habrá una Autoridad de Aplicación – Ministerio de Seguridad – que deberá regular tales protestas. Para esto último hay varios artículos que incluyen una serie de obligaciones que los manifestantes deben seguir: permitir el normal funcionamiento de servicios públicos; habilitar aunque sea parcialmente la circulación de personas y/o vehículos en una dirección determinada; notificar con 24 horas de antelación el lugar de la manifestación en la Comisaría más cercana a la misma; horario de inicio y tiempo estimado de la manifestación; detallar el porqué del reclamo; dejar registro de los organizadores.
Esos y otros puntos deberán ser evaluados por la Autoridad de Aplicación que puede no autorizar la manifestación, “sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos (2) horas de iniciada la protesta o manifestación y será coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justica” que, dicho sea de paso, se convierte en la Autoridad de Aplicación.
Uno lee todo esto y concluye que el oficialismo parlamentario transita por una franja indefinible de la dimensión política: la de creer que iniciativas de este tipo pueden normar conductas que son hijas de profundos descontentos sociales a lo largo de la historia. Resulta claro que ese oficialismo parlamentario vive en una dimensión ajena a la de la sociedad a la que pretende regular; que las coordenadas que emplean para tratar de intervenir en la realidad está más cerca de la magia que de la ciencia; y que lo estrafalario fue identificado incluso por varios miembros del bloque oficialista que para evitar votar el proyecto prefirieron ausentarse del recinto, mientras otros 21 se abstuvieron.
