miércoles 22 de mayo de 2024
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INADI Salta | “El Dr. Cornejo tiene el desafío de construir una política de seguridad en el marco de los Derechos Humanos”

Gustavo Farquharson valoró la designación de Abel Cornejo en reemplazo de Juan Manuel Pulleiro como ministro de Seguridad y Justicia.

El delegado en Salta del INADI, Gustavo Farquharson, valoró la designación de Abel Cornejo en reemplazo de Juan Manuel Pulleiro como ministro de Seguridad y Justicia. “Me comuniqué con el Dr. Cornejo para ponerme a disposición y para continuar con el trabajo conjunto y muy positivo que realizamos mientras estuvo al frente de la Procuración” contó el funcionario nacional y anticipó que “ahora vamos a poder hacer algo que con Pulleiro fue imposible por su falta de voluntad: capacitar en perspectiva de Derechos Humanos a los efectivos de las fuerzas de seguridad”.

“El Dr. Cornejo tiene el desafío de construir una política de seguridad en el marco de los Derechos Humanos y en la erradicación de la violencia institucional” consideró y enfatizó que “la importancia del enfoque de los Derechos Humanos tiene que ver con prevenir la discriminación y la violencia institucional, el respeto de los Derechos Humanos implica dar garantía a condiciones indispensables que deben atenderse”.

En declaraciones al programa “Cuarto Oscuro” de FM La Cuerda 104.5, Farquharson advirtió que “las personas que integran grupos históricamente vulnerados se encuentran más expuestas a ser víctimas del hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad carentes de formación en materia de derechos humanos, que avasallan sus derechos y llevan a cabo detenciones arbitrarias, maltratos, golpizas o femicidios, transfemicidios, travesticidios u homicidios” y confió en que el nuevo ministro pueda “dotar de una perspectiva de Derechos Humanos a las prácticas institucionales de seguridad”.

“La violencia institucional consiste en prácticas estructurales de violación de derechos humanos que van desde la vulneración del debido proceso, la discriminación o el sometimiento a un proceso penal en el marco de una causa armada, a las detenciones arbitrarias, la extorsión policial para habilitar usos del espacio público (coimas), los daños físicos, las ejecuciones y la tortura llevadas adelante por funcionarios o funcionarias pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad” detalló y confió en “el diseño de estrategias institucionales para la prevención de esa violencia institucional, como la promoción del respeto a los derechos humanos, para que sean reconocidos y ejercidos por todas las personas”.

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