Gustavo Farquharson valoró la designación de Abel Cornejo en reemplazo de Juan Manuel Pulleiro como ministro de Seguridad y Justicia.
El delegado en Salta del INADI, Gustavo Farquharson, valoró la designación de Abel Cornejo en reemplazo de Juan Manuel Pulleiro como ministro de Seguridad y Justicia. “Me comuniqué con el Dr. Cornejo para ponerme a disposición y para continuar con el trabajo conjunto y muy positivo que realizamos mientras estuvo al frente de la Procuración” contó el funcionario nacional y anticipó que “ahora vamos a poder hacer algo que con Pulleiro fue imposible por su falta de voluntad: capacitar en perspectiva de Derechos Humanos a los efectivos de las fuerzas de seguridad”.
“El Dr. Cornejo tiene el desafío de construir una política de seguridad en el marco de los Derechos Humanos y en la erradicación de la violencia institucional” consideró y enfatizó que “la importancia del enfoque de los Derechos Humanos tiene que ver con prevenir la discriminación y la violencia institucional, el respeto de los Derechos Humanos implica dar garantía a condiciones indispensables que deben atenderse”.
En declaraciones al programa “Cuarto Oscuro” de FM La Cuerda 104.5, Farquharson advirtió que “las personas que integran grupos históricamente vulnerados se encuentran más expuestas a ser víctimas del hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad carentes de formación en materia de derechos humanos, que avasallan sus derechos y llevan a cabo detenciones arbitrarias, maltratos, golpizas o femicidios, transfemicidios, travesticidios u homicidios” y confió en que el nuevo ministro pueda “dotar de una perspectiva de Derechos Humanos a las prácticas institucionales de seguridad”.
“La violencia institucional consiste en prácticas estructurales de violación de derechos humanos que van desde la vulneración del debido proceso, la discriminación o el sometimiento a un proceso penal en el marco de una causa armada, a las detenciones arbitrarias, la extorsión policial para habilitar usos del espacio público (coimas), los daños físicos, las ejecuciones y la tortura llevadas adelante por funcionarios o funcionarias pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad” detalló y confió en “el diseño de estrategias institucionales para la prevención de esa violencia institucional, como la promoción del respeto a los derechos humanos, para que sean reconocidos y ejercidos por todas las personas”.
