Enrique Prado encabezó una charla en esa localidad con un representante de Banesco, una banca del país de Nicolás Maduro que asegura que ya tiene el permiso para operar en todo el territorio argentino.
Aguaray vive momentos tan insólitos que combina la imputación de su intendente por robos millonarios y las promesas de una clínica con fondos venezolanos que hoy parece muy lejana. Fueron varias las voces que se alzaron desde el anuncio de este ambicioso proyecto y todas coinciden en algo: nadie lo cree.
La charla informativa se llevó a cabo el domingo. Fue encabezada por el intendente Enrique Prado, quien presentó al Dr. Sebastián Solano Guzamana, representante de Banesco, una banca venezolana que sería la encargada de la inversión. «Es un proyecto que el banco puede cubrirlo. Se puede encargar de todo», aseguró Solano. Dijo que el proyecto llevaría un año de construcción.
«No hemos hecho ningún trámite burocrático para los permisos. Pero el planteamiento está hecho», agregó Solano en la charla. Dijo que la obra daría trabajo a 200 personas y beneficiaría indirectamente «a casi toda la población de Aguaray».
Solano también adelantó que la clínica sería de nivel 3 y tendría un plantel de por lo menos 350 personas.
Además, el enviado aseguró que en noviembre podría instalarse una sucursal de Banesco en Aguaray. Agregó que la empresa tiene autorización del gobierno nacional para invertir en todo el país.
Dudas
Una de las que dudó de la promesa fue la diputada Gladys Paredes. En la última sesión de la Cámara, realizada este martes, dijo que la sensación que dejó el proyecto fue «como que vinieran a vendernos vidriecitos de colores a los del norte de Salta».
«El señor intendente hizo una reunión con vecinos y allí manifestó que era hora que Aguaray empezara a caminar con transparencia. Comentó que desde septiembre está en tratativas con una empresa venezolana Banesco Internacional, que prometió a la gente del pueblo donar una máquina para extraer plasma, guantes, barbijos, etc., con la condición que se le otorgue un terreno para construir una clínica de nivel 3», dijo la diputada en la sesión.
«Me asombra cómo puede decidir venir una empresa internacional a construir una clínica a una localidad de Tartagal cuando sabemos que el Ministerio de Salud tiene una estructura de complejidades de acuerdo a los departmentos», agregó Paredes.
«Una vez más, como me lo dijeron los vecinos, parece que no están dirigidos en su pueblo con transparencia. A ellos también esto les huele mal. Están pidiendo la presencia del señor gobernador para que vaya y dé el aval de la construcción de esa clínica privada», cerró la diputada.
Destitución encaminada
Las promesas de Prado probablemente queden en la nada, sean ciertas o no. Esta semana se supo que el oficialismo parlamentario le soltó la mano al intendente, por lo que el proyecto de intervención de Aguaray podría ser tratado en la próxima sesión.
