La creación del cuerpo fue anunciada tras una reunión de la que participaron ministros, intendentes y representantes del campo. Referentes sociales y especialistas enfatizan que esas recetas represivas ya fracasaron en los años 90.
Quien hizo el anuncio fue el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, tras una reunión de la que participó el titular del área de Producción, Martín de los Ríos; el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz; los intendentes Samuel Córdoba (General Ballivian), Carlos Funes (Embarcación) y Carlos Alemán (Aguaray); el jefe de Policía, Miguel Ceballos; e incluso el gerente de la Asociación PROGRANO, Lisandro de los Ríos. El gobierno fue claro al respecto: ante los cortes de rutas que se registran en el norte provincial, el grupo policial especial debe prevenir y mediar para que los cortes se realicen en media calzada y se garantice el derecho de la libre circulación.
Especialistas y referentes sociales cuestionaron que en vez de dar respuestas a las problemáticas que originan las protestas, se recurra a métodos de seguridad con antecedentes represivos y hasta de muertes en la provincia. «Si no morimos por desnutrición nos mata el sistema directamente utilizando las fuerzas de seguridad (…) juegan con la ignorancia», declaró a la sección local del diario Página 12 el integrante de la Comisión de Familiares contra el Gatillo Fácil, Jorge Farfán. “La medida gubernamental es para criminalizar la protesta y a la gente pobre», aseguró.
El mismo medio consultó a la abogada y doctora en Ciencias Sociales Valeria Plaza. La también dicente que investiga temáticas relacionadas a las fuerzas de seguridad manifestó preocupación por las características de una provincia que combina «índices alarmantes de pobreza y desocupación» con medidas gubernamentales que fortalecen las medidas represivas.
Para Plaza, es «muy poco posible» una policía «mediadora», porque «lo cotidiano es la negligencia» de la fuerza. Se preguntó qué pasará si las personas que protestan se niegan a cortar solo la media calzada y advirtió que la medida gubernamental puede desencadenar una represión, el encarcelamiento de los protestantes o incluso muertes, como ha pasado antes en la historia de la provincia. «Se aplican recetas que han fracasado, que han dado lugar a protestas con muertes»; «sigue siendo algo que ya se probó en los 90», cuestionó la investigadora.