Desde la Justicia salteña piden mayor colaboración e intercambio entre Argentina y Bolivia en casos de mujeres detenidas por pasar drogas en la frontera.
Casi como un guion cinematográfico, el caso de Claudia y Fernando tuvo más repercusiones de lo que se pensaba. La madre, al enterarse que su hijo tenía cáncer y no podía costear el tratamiento, decidió pasar la frontera como “mula”. Estuvo detenida en Salta y tras una secuencia legal relámpago pudo lograr reencontrarse con su hijo en Santa Cruz de la Sierra antes de que el muchacho falleciera.
Tras el conocimiento que se tuvo de este caso, salió a la luz que son muchas las mujeres bolivianas o que proceden del país vecino, que vienen a la Argentina, por distintos motivos, y trafican drogas. Muchas de las veces con poco éxito y terminan detenidas en las cárceles federales.
Precisamente Martín Bomba Royo, defensor oficial de la Justicia Federal salteña, se refirió a ello en algunos medios locales. En Radio Nacional, por ejemplo, el letrado sostuvo que es más que importante que los gobiernos de Argentina y de Bolivia puedan formalizar convenios en los cuáles confirmen con documentación oficial la situación en la que se encuentran las familias de estas mujeres presas en Argentina.
La situación antedicha se explica por la necesidad de que los jueces puedan determinar su las mujeres presas por narcotráfico en realidad se encuentran en situación de vulnerabilidad. Durante el tiempo que estas mujeres cumplen condena, sus hijos quedan abandonados en Bolivia. Las penas actualmente van de los 4 a los 15 años.
Los “chicos menores se encuentran en estado de abandono literal porque el sistema de asistencia social de Bolivia no está preparado para hacer frente a la situación de miles de casos de chicos que se encuentran en esa situación por la detención de su madre”, dijo Bomba Royo.