domingo 28 de abril de 2024
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El Estado es responsable | Sonia Escudero y las cuatro pruebas de la Violencia Institucional contra la Mujer en Salta

La falta de acceso de las mujeres a la Educación Sexual Integral, los obstáculos para acceder al aborto no punible, la violencia sexual y la inacción de la justicia fueron desarrolladas por la senadora nacional MC.

Fue en una columna radial cuyo texto llegó a la redacción de CUARTO. Allí la ex senadora nacional enmarcó la reflexión en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres celebrado el pasado 25 de noviembre. Tras recordar que la campaña NI UNA MENOS en 2009 definió la violencia institucional como “aquella realizada por funcionarios, profesionales, personal o agentes pertenecientes a cualquier ente público que tenga por finalidad retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en las leyes”, Escudero ejemplificó los conceptos recurriendo a lo que redactó en su último libro: “Víctimas de la Justicia Patriarcal”.

“En primer lugar, la falta de acceso a Educación Sexual Integral se traduce en altísimos índices de embarazo adolescente. El incumplimiento estatal permite la persistencia de prácticas sociales discriminatorias que facilitan embarazos a edad temprana en el marco de relaciones desiguales de poder, esto es, sin consentimiento o forzadas. Los efectos asociados a la maternidad adolescente son conocidos: abandono escolar, compleja inserción laboral posterior, consecuencias sobre la salud de la madre y el hijo, en tanto las niñas menores de 15 años no han completado la madurez psico-social y sexual necesaria para un embarazo y parto saludables”, manifestó.

“En segundo lugar, constituye violencia institucional los obstáculos que en el sector público se observan para el acceso al aborto no punible. Salta no ha adherido al protocolo nacional que establece las condiciones de acceso a este derecho. Nuestro Código Penal autoriza desde 1921 el aborto no punible en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer, en caso de violación y en caso de atentado al pudor de mujer idiota o demente. Sin embargo, las barreras al acceso a este derecho siguen presentes y configuran violencia institucional, ya que desde el sistema de salud y desde la justicia se empuja a las mujeres a la clandestinidad y a métodos de interrupción voluntaria del embarazo inseguros y riesgosos”, sentenció para luego remarcar: “el aborto es la mayor causa de muertes maternas, y el perfil de las madres que mueren por causas evitables también se conoce: muy jóvenes, con escasa instrucción, sin recursos económicos ni vinculación con el sistema de salud que les facilite el acceso a la intervención médica oportuna. En Salta, sólo en 2019 se registraron 12 muertes maternas, posiblemente muertes evitables. La falta de adhesión al protocolo nacional por parte del Ejecutivo salteño es causa directa de muertes maternas. Violencia institucional femicida”.

Como tercer ejemplo, la abogada mencionó a la violencia sexual contra las mujeres. De ella dijo que “anula el derecho a tomar libremente las decisiones respecto de con quién tener relaciones sexuales, y conlleva además la completa pérdida del control sobre las decisiones más personales e íntimas. Este derecho básico es negado a las mujeres por el modelo de sociedad patriarcal que presume que el hombre tiene derecho de poder, control, dominio y posesión sobre la mujer”. A renglón seguido, resaltó que las “mentalidades patriarcales” atraviesan la mayor parte de las instituciones produciéndose el fenómeno de captura patriarcal de los papeles de autoridad. “Por ejemplo, la decisión del Senado Provincial de auto-excluirse de la ley de paridad de género, es una muestra de violencia institucional en el Poder Legislativo”.

Por último, Escudero observó cómo se ejerce violencia institucional contra las mujeres en el ámbito del Poder Judicial: “cuando se permite o se tolera que ciertos hechos no sean investigados, cuando se permite la impunidad de los delitos de violencia de género, cuando se renuncia a proteger la seguridad de las mujeres, cuando se las culpabiliza, cuando se las re-victimiza, se está enviando un mensaje peligroso a la sociedad de tolerancia de la violencia contra la mujer en el ámbito judicial”.

Los ejemplos, como se vio, atravesaron a los tres poderes del Estado Provincial y en todos los casos causan daños a las mujeres en Salta para cerrar sentenciando que es “imposible que una sociedad florezca si la mitad de la población vive con miedo de ser agredida”.

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