En un nuevo aniversario del asesinato de once militantes populares por la dictadura, repasamos el proceso histórico que empezó cuando el cielo parecía estar al alcance de las manos hasta que los poderosos instalaron el infierno. (Daniel Escotorin)
Noviembre de 1974. La gestión política del gobernador Miguel Ragone agoniza irremediablemente. Atrapado en el fragor de las luchas internas del peronismo y cercado por el sector ortodoxo y de derecha que cuenta ya con el aval abierto del gobierno nacional que encabeza la viuda del general Perón, María Estela Martínez, que a su vez responde a los dictados de su principal asesor: el ministro de Bienestar Social y secretario privado José López Rega, mentor de la fuerza parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).
Ragone renuncia porque el frágil equilibrio político del peronismo desapareció con la muerte de Juan Domingo Perón ocurrida el 1 de julio de ese año. Su gobierno había sido sensible a las demandas de los sectores populares y al nuevo momento de democracia recuperada tras la dictadura de Onganía y Lanusse, democracia que a su vez llegaba con el empuje de una oleada revolucionaria que había ido desarrollándose y creciendo en los años sesenta.
El peronismo había incubado en su interior una poderosa fracción que se conocería como “peronismo revolucionario” o “tendencia revolucionaria del peronismo” que proponía un cambio de estructuras, una nueva sociedad, un nuevo hombre, un nuevo socialismo, un socialismo nacional. Hacia 1973, cuando retorna el peronismo al poder con el triunfo de Héctor Cámpora, Montoneros es la fuerza más importante de ese sector y tras este se encolumnan diversas fracciones de la Juventud Peronista (JP); el Peronismo de Base y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) más las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) son las otras organizaciones que suman a la izquierda peronista.
La izquierda tradicional tuvo su propio proceso de licuación y reformulación. Por esos años había emergido la otra fuerza revolucionaria más importante de la etapa: el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Junto a otras organizaciones políticas con un claro horizonte político y fuertes identidades ideológicas, a su vez el capitalismo argentino y en general el periférico arrastraba una larga crisis que había resentido su orden formal dando espacio a corrientes alternativas que subvertían algunos de sus pilares fundamentales, no solo el económico sino también los culturales, morales: el sostén ideológico.
En esa realidad se sumergió Ragone cuando intentó llevar a cabo un cambio real y para ello se apoyó en aquellos a quienes veía como expresión de esa nueva realidad: las nuevas generaciones políticas. De allí el ataque sostenido y violento de sus opositores que en la superficie aparecían como parte de la interna partidaria, al igual que en el resto del país, pero por abajo se movían los poderes reales y subterráneos de la sociedad que preveían un peligro de verdad sobre sus intereses.
El primer paso fue entonces limar los pilares políticos que eran el sustento del apoyo popular al peronismo. Con un Perón débil y dependiente no fue difícil entornarlo y condicionarlo a la vez que se acentuaba el antagonismo interno del movimiento. Así entonces el sector revolucionario aunque amplio y masivo, fue quedando aislado y Triple A mediante comenzó el ensayo de la guerra sucia con la ejecución y persecución de los militantes populares.
Este era el contexto en ese final de 1974 y del gobierno popular: atentados, intimidaciones, detenciones que ya no podían frenarse hasta que agotado Ragone entrega el mando a la intervención federal: “la legión cordobesa” desembarca en Salta de la mano de Alejandro Mosquera que ya había participado en el golpe policial conocido como “navarrazo” que había derrocado a otro gobernador “subversivo”, Ricardo Obregón Cano. Tenía experiencia en la represión política y a ella se abocaría: en enero de 1975 es asesinado Eduardo Fronda, militante del FRP, al mes siguiente es secuestrado el periodista Luciano Jaime, asesinado y su cuerpo dinamitado afuera de la ciudad.
Con todas las fuerzas de seguridad ya a pleno en las tareas represivas en todo el país, en Salta los operativos se suceden en forma cotidiana. Van cayendo todos los días y poblando otra vez las celdas de las cárceles con detenidos políticos. Georgina Droz (Montoneros; docente cesanteada de la UNSa) es detenida en Tucumán junto a Roberto Pirles quien será ejecutado junto a Dardo Cabo en enero de 1976 en la UP de La Plata por la aplicación de la “ley de fugas”. Droz es trasladada a Salta.
En la ciudad se producen operativos en una pensión de la calle Alvarado al 200 donde detienen a diez personas, en Buenos Aires al 300 a tres personas al igual que en el Hotel Provincial donde detienen a María Amaru Luque de Usinger y Alicia Fernández Nowell de Arrué, pertenecientes a Montoneros. En Rosario de Lerma se produce un enfrentamiento donde mueren cuatro personas: Ricardo Tapia, José Alfredo Mattioli y los hermanos Marcos y Marcial Estopiñan, todos del ELN-FRP.
Ese mismo día en San Lorenzo en otro enfrentamiento con la policía provincial mueren Esteban Locacio y Roberto Fanjul, integrantes de Montoneros relacionados con la muerte de los policías jujeños. Tras estas muertes el día 23 un comando del FRP izará una bandera del ELN con la imagen de Mattioli en la plaza principal de Rosario de Lerma. Hacia fin de mes nuevos procedimientos terminarán con la detención de veinte personas. En el mes de julio, en los primeros días cuando en un operativo policial en diversos allanamientos detengan a casi una veintena de militantes y dirigentes locales del PRT-ERP. Entre los detenidos se encuentran Roberto Oglietti, Eduardo Tagliaferro, Evangelina Botta de Nicolay, Isabel Toro, María del Carmen Alonso de Fernández, José Povolo, Benjamín Leonardo Ávila, Celia Leonard de Ávila, Raquel Barón, José Neiburg, Vicente Spuches.
Se denuncia la desaparición de Miguel Ángel Arras, docente universitario, quién no volverá a aparecer. Solo faltaba Pablo Outes que sería detenido a fines de 1975 cuando regresó de su breve exilio en Venezuela. Todos alojados en el Penal de Villa Las Rosas cuando llegó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y allí permanecerían hasta el 6 de julio de 1976 cuando en un prolijo operativo militar serían sacados de sus celdas y trasladados hasta el paraje Palomitas donde serían ejecutados a sangre fría. Ragone ya había sucumbido en marzo de ese año, días antes del golpe, al ser secuestrado y desaparecido.
En esos años entre la muerte de Perón y los siguientes al golpe, las clases dominantes y su brazo armado, las FF.AA. y de seguridad, descargaron sobre el conjunto del movimiento popular el golpe más feroz y definitivo para esa etapa histórica con el fin de lograr el disciplinamiento de las clases subalternas. Disciplinamiento político y normalización social, esto es retrotraer al conjunto de la sociedad al orden imperante anterior a las oleadas de modernización, liberalización y revolución cultural y moral.
De los once ejecutados en Palomitas cinco eran mujeres, eran docentes, profesionales, trabajadoras, militantes, dirigentes, combatientes; he ahí la imagen viva de la subversión de valores que se había producido en la sociedad, sin tal vez reivindicarse como feministas, pero afrontaban un compromiso amplio, integral en la busca de esa nueva sociedad justa e igualitaria.
El peronismo también perdía su batalla en la disputa por su transformación, su metamorfosis plena hacia un espacio vital para el cambio revolucionario y si no fue, puede explicarse porque tampoco la sociedad estaba quizás preparada para ese cambio, entonces optó por una normalidad asentada en el silencio, la complicidad, “no te metas”, el conformismo. La memoria de quienes cayeron en esa lucha obliga siempre a renovar las miradas sobre ese pasado; desde el presente indagar y preguntar sobre las causas y los factores, explicar este presente, pero también comprender el pasado.
En este siglo XXI nuevas corrientes subterráneas comenzaron a remover y sacudir las superficies en apariencia quietas de nuestra realidad, esas corrientes son las que van haciendo temblar los cimientos más fuertes que sostienen a la sociedad: los cimientos mentales, culturales que como tales son imperceptibles, lentos, invisibles hasta que emergen como un volcán. Estos movimientos no tienen una traslación automática en lo político. Al contrario son más bien fuerzas opuestas que chocan hasta que logran amalgamar sus propios contenidos e identidades y estos vienen desde abajo, desde el pasado así como en los sesenta se galvanizó esa historia pasada de caudillos y montoneros con presentes de revoluciones, con el Che, con el mayo francés, con curas obreros y la rebeldía juvenil del rock, el hippismo y estudiantes en las barricadas. De esos barros se moldearon las arcillas de un posible mundo nuevo, algo así parece estar volviendo.
Las víctimas de la Masacre: Celia Raquel Leonard de Avila: maestra salteña, de 34 años, madre de 4 hijos (en ese momento estaba alimentando a su hijita de 4 meses); Georgina Droz: de 35 años, santafesina, licenciada en Ciencias de la Educación y Profesora de la Universidad Nacional de Salta; Evangelina Botta de Nicolai: 30 años, psicóloga santafesina; María del Carmen Alonso: 39 años, salteña, arquitecta, con dos hijos, sobrina del gobernador desaparecido Miguel Ragone; María Amaru Luque de Usinger: 26 años, psicóloga; Benjamin Leolnardo Avila: 39 años, 4 hijos, casado con Celia Leonard; Roberto Oglietti: 21 años, estudiante de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta; Pablo Outes 49 años, ex legislador salteño, 3 hijo; José Povolo 28 años, comerciante salteño; Roberto Savransky: 32 años, tucumano, médico, dos hijos; Rodolfo Usinger: 27 años, ingeniero, casado en el Penal de Villa Las Rosas con Amaru Luque.
