A un mes de la regresiva resolución dictada por la Secretaría de Ambiente provincial, se supo del intercambio epistolar. El mismo involucró a una funcionaria nacional con el ministro de la producción local Martín de los Ríos.
La resolución 333 de la Secretaría de Ambiente de la provincia fue publicada el 20 de octubre pasado en el Boletín Oficial. La misma plantea en su primer artículo que los planes de cambios de usos del suelo (que en la práctica implican desmontes) deben presentar estudios de impacto ambiental y social y celebrar audiencias públicas; aunque a renglón seguido establece que la autoridad de aplicación puede decidir exceptuar de la celebración de audiencias públicas en caso de considerar que el proyecto es de baja intervención e impacto ambiental y social. Eso suponía lisa y llanamente la flexibilización del proceso para iniciar desmontes.
La medida fue criticada por distintos sectores – Universidad incluida – y ahora se supo que mereció la crítica de organismos nacionales. Según informó Página 12 en el día de hoy, el pasado 26 de octubre la secretaria de Política Ambiental de la Nación, Florencia Gómez, envió una misiva que fue respondida al día siguiente por el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos.
En su nota, Gómez recordó a la provincia la Ley de Bosques Nativos Nº 26.331 y la Ley General del Ambiente Nº25.675. Afirmó que en base a esas dos normativas se deben tener en cuenta “los principios de progresividad y no regresividad ambiental propios de las leyes de presupuestos mínimos”. La funcionaria nacional observó que “la norma (la resolución 333), en su artículo N° 1, faculta a la Autoridad de Aplicación a eximir al proponente de la realización de la audiencia pública, permitiendo la discrecionalidad o arbitrariedad, al no definirse taxativamente en base a criterios objetivos el alcance de los términos ‘baja intensidad o intervención’”.
Gómez recordó a la Provincia que en su artículo 20 la Ley General del Ambiente establece que se deben institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. “Por lo antedicho, se observa la necesidad de restablecer un procedimiento de participación pública para los Planes de Cambio de Uso de Suelo, según los términos mencionados”, sostuvo la secretaria de Política Ambiental de la Nación.
El ministro de la Producción salteño, Martín De los Ríos, respondió al otro día. Aseguró que según las leyes mencionadas por Gómez, se determina que las audiencias públicas se convocarán siempre y cuando las actividades no causen un impacto “negativo y significativo en el ambiente”. A su entender, la resolución sigue entonces el camino legal. “No obstante ello, se evaluará la sugerencia respecto de restablecer el procedimiento de participación pública para los cambios de uso de suelo sin excepción y en su caso, proceder a su modificación”, sostiene el compromiso firmado por De los Ríos.
