Los legisladores acompañaron el proyecto presentado por la chaqueña María Inés Pilatti y piden que se compense al norte caluroso como sucedió con la Patagonia helada. La salteña Nora Giménez fue una de las firmantes.
Con Pilatti a la cabeza, la iniciativa es acompañada por María Eugenia Duré (Tierra del Fuego), Silvina García Larraburu (Río Negro), Ricardo Guerra (La Rioja), Cristina López Valverde (San Juan), María Eugenia Catalfamo (San Luis), Nora Del Valle Giménez (Salta), Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Maurice Closs (Misiones).
El proyecto explica que el reconocimiento reclamado por el Norte Grande es análogo al de las provincias sureñas, las cuales gozan de tarifas reducidas de gas por ser “zonas frías”. Incluso, esa tarifa diferencial se amplió a otras provincias y localidades del país a través de la ley votada el año pasado por impulso de Máximo Kirchner. Y fue precisamente en ese momento que también se puso en debate la realidad de las “zonas cálidas”.
“Dado que, según cifras del Servicio Meteorológico Nacional, los habitantes del norte argentino soportan temperaturas máximas superiores a los 40° en promedio durante la mitad del año, cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18°C y 24°C. Cualquier nivel más elevado conlleva perjuicios para la salud”, sostiene el texto.
Además, puntualiza la correlación directa entre la demanda eléctrica y la temperatura, indicando el ascenso del consumo coincidente en los picos de calor. Además, en un ítem referido a la informalidad y los salarios, el proyecto apunta que según datos del Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo de la Nación el salario registrado promedio en las provincias del Norte Grande está por debajo de la media nacional.
Luego de enumerar esos y otros factores, el proyecto expresa que “la política actual en materia de tarifa energética no tiene en cuenta las realidades diversas del Norte Grande, tanto climáticas como sociales, culturales y económicas” y que “a juzgar por las concesiones logradas por las provincias patagónicas y cuyanas, hay una discriminación histórica hacia los habitantes del Norte Grande, a quienes no se le reconoce el acceso a la energía eléctrica en un plano de equidad federal”.
