Acorralado por la oposición y sus aliados del radicalismo, el Gobierno decidió frenar el polémico pago retroactivo en la tarifa de gas que debían realizar los usuarios para compensar por la devaluación a las empresas prestatarias.
Según Clarín, la medida se hará oficial en las próximas horas, aunque los referentes de los principales bloques parlamentarios ya fueron notificados por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien desembarcó en el Congreso ante el riesgo que advirtió el Gobierno de que la medida emitida el viernes pasado empantanara la discusión por el Presupuesto 2019.
Frigerio les notificó a los legisladores de la oposición que la decisión del Gobierno es que las empresas absorban una parte del costo y que del resto se hará cargo el Estado, en cuotas hasta 2021, por lo que tampoco se verían afectadas las previsiones presupuestarias y el déficit cero para 2019 que el macrismo había pactado con el FMI. «Se dejará sin efecto la resolución 20/2018 que establecía la compensación y el pago adicional en la tarifa de gas», escribió el senador mendocino Julio Cobos en su cuenta de Twitter.
En Diputados, la oposición había unido fuerzas para convocar a una sesión especial para el jueves 18, con el objetivo de derogar la resolución de Iguacel, amparada en la ley 24.076 sancionada en 1992, que habilita «al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a instruir a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019». Se trata, estiman en el Gobierno, de unos 10 mil millones de pesos, más intereses. Según había adelantado el secretario, sería un promedio de entre 90 y 100 pesos por mes durante dos años.
Más allá de que en la mañana de este miércoles el Presidente había salido a defender la decisión del Gobierno al señalar que «la energía cuesta y hay que pagarla», la rápida respuesta de la oposición que se abroqueló y llegó a amenazar incluso con dejar sin Presupuesto al Gobierno, forzó a la Rosada a buscar alternativas. Así, primero se analizó la propuesta que hizo llegar el radicalismo, cuyo costo para el Estado sería de unos 100 millones de dólares.
“Con esta nueva marcha atrás, el Gobierno desactiva un nuevo foco de conflicto en el Congreso y ahora confía en aprobar el Presupuesto en Diputados tal como lo tenía previsto, con una sesión especial el 24 de octubre”, indican los principales medios nacionales.
