Santiago Payo dijo además que muchos de los que protestan por las demoras del sistema de Salud pública luego van «calladitos» al sistema privado.
Santiago Payo, gerente del hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal, descargó su bronca, mezcla de indignación e impotencia, por lo que se vive en la zona. Dijo que sin responsabilidad social la pandemia no puede ser combatida y criticó la hipocresía de los pacientes que se atienden en el sector público y luego van al privado sin emitir ni una sola queja.
«Si no hay colaboración de la gente es imposible hacer cumplir las medidas que se adopten. Las decisiones del COE, que otorgó permiso para determinadas actividades, nosotros no podemos impedirlas”, dijo Payo.
El Tribuno informó que el hospital abarca a los departamentos de San Martín y Rivadavia. “Recibimos enfermos de todo el departamento, por lo que más del 60 por ciento de los pacientes son de otros lados”, dijo el gerente. «Todavía estamos asistiendo a los embates de esta segunda ola de COVID-19, con 25 camas de pacientes moderados ocupadas y prácticamente colapsada la terapia COVID, con seis pacientes intubados y uno sin intubar y recuperándose”, agregó.
Para Payo, la situación puede mantenerse estable aunque podría cambiar. «Es que con solo caminar y mirar a la distancia como se vive en Tartagal o en otras localidades como Aguaray o Mosconi, es suficiente para darse cuenta por qué estamos en esta situación. La cantidad de gente en los supermercados, los protocolos que no se cumplen. Si el cartel dice tres personas, no se respeta. Abrís la puerta del comercio y hay ocho», dijo.
“Pero a la vez no podemos forzar a la policía que intervenga porque esto tiene que ser un acuerdo social. No podemos seguir enfrentándonos entre nosotros porque pasará lo de siempre: nos dicen que somos unos exagerados, que el tema de la pandemia no es cierto. Pues bien, cuando tienen que venir a ver a sus familiares, o cuando caen ellos mismos enfermos, ahí recién entienden que no somos tan exagerados”, reiteró.
«Si la gente no cumple, no podemos meterlos presos. Nosotros planteamos cuál es la situación, cómo es la enfermedad, cuál es la manera de evitarla. Y que tenemos la posibilidad de bloquear esa enfermedad grave con la vacunación para que cumplamos entre todos ese contrato social porque en realidad no hay leyes que obliguen a cumplir. Por eso la premisa es que se cuiden, a pesar que hay gente que se cree con más derechos de los que les corresponden», siguió.
«Hay quienes se creen con más derechos de los que tienen. Si tuvieran que pagar y van a un lugar y les dicen no hay, calladitos se dan la vuelta y se van a su casa, pero en el hospital, que reciben todo gratis, reniegan, protestan, maltratan y hasta pegan. Tengo una enfermera a la que casi le quebraron la nariz. Pero como también trabajo en la parte privada, veo cómo estos mismos pacientes se comportan de otra manera. Esperan calladitos cuatro o cinco horas y nadie grita, nadie putea. Pero en el hospital pasó media hora, supuestamente no le diste respuesta que ellos esperan, se van a los medios. Nunca escuché a un ciudadano que se queje de la actividad privada. Esperan, pagan y terminan yendo al hospital para que los sigamos atendiendo”, declaró.
