Se trata de una investigación junto a otros casos similares, con un total de 38 funcionarios, entre ellos 26 concejales de distintos municipios y 3 empleados con cargos jerárquicos en el PAMI.
Parece increible, pero no. Las investigaciones que lleva adelante la justicia salteña apuntan contra casi 40 funcionarios de toda la provincia. Entre ellos concejales y empleados del PAMI, pero no cualquier empleado, sino de los que cobran jugosos salarios. Todos tienen algo en común: aplicaron para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia. Ese bono de 10 mil pesos que Nación pretendía que fuera para los más golpeados por la pandemia y el encierro, pero que algunos “vivos”, también quisieron cobrar.
En este caso la imputación fue requerida por el fiscal Ricardo Rafael Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta. La misma recae sobre nueve empleados municipales de General Pizarro por el cobro ilegal del IFE. En este caso, todo derivó de la denuncia radicada por el propio intendente de este municipio del sur salteño. “La imposibilidad de acceder a este beneficio en caso de encontrarse con un trabajo con relación de dependencia, era uno de los requisitos que fue claramente explicitado en el decreto”, señaló el fiscal.
Toranzos imputó a los acusados el delito de defraudación a la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público, delito que prevé penas de dos a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Solicitó, por último, un plazo de investigación de 60 días hábiles y requirió la aplicación de reglas de conductas para los acusados, entre ellas el compromiso de colaborar con la justicia y la de no salir del país.
Las y los imputados
Gabriela Fernanda Alvarez, se desempeña con el cargo de auxiliar y accedió al cobro de dos cuotas del IFE, al igual que Enzo Martín Bautista, quien trabaja en el municipio y es delegado del I.P.S.S. En esa entidad también trabajaban cuando cobraron el IFE: Raúl Rafael Cardozo, con el cargo de chofer; Nanci Argelia Fernández, con el cargo de administrativa; Julio Humberto Paz, con el cargo de agente de tránsito; Eva Virazate, con el cargo de cobranza de piso y Francisca Ernestina Zarza, encargada del Registro Civil.
Otros empleados que percibieron un pago del IFE, fueron Marcela Mireya Artiaga, con el cargo de ordenanza en la Municipalidad de Pizarro y Cristian Humberto Erazo Santa Ana, quien se desempeña como Director de Cultura en el municipio.
