La noticia tiene un doble atractivo para la prensa provincial y nacional: la peligrosidad del condenado y la modalidad con la que se llegó a la pena y los tiempos del proceso.
Raúl Ricardo «El Coya» Rojas tiene 35 años y es conocido dentro del mundo del narcotráfico salteño: en 2017 cayó como responsable de un cargamento de 80 kilos de marihuana y ese mismo año lo acusaron de haber contratado sicarios para matar a los dos empleados que «perdieron» esa droga a mano de las autoridades. Por este segundo caso está esperando juicio oral en Orán.
Su prontuario lo completa un expediente que estalló el 3 de diciembre pasado, en el cual fue acusado de ser el dueño de 330 kilos de marihuana y 11 de cocaína secuestrados en un galpón propiedad de su hermana, un lugar al que la banda denominaba en código como «La Iglesia». Rojas pensaba comercializar esa droga dando directivas desde el Complejo Penitenciario Federal del NOA III, donde estaba detenido. De hecho, la policía llego al lugar escuchando las conversaciones que Rojas mantenía con su mujer desde la cárcel de Guemes.
Es precisamente en esta última causa en la que ahora hubo novedades: el pasado lunes el juez de Garantías N° 2 de Salta Miguel Medina condenó a Rojas a nueve años de prisión por almacenar estupefacientes y en el mismo fallo también le impuso seis años a su esposa y penas similares a dos cómplices.
“Pero tan importante como la condena en sí misma fue la manera en que se llegó a ella y los tiempos del proceso. Como en Salta rige desde mediados de 2019 el sistema acusatorio, el proceso contra Rojas y su entorno más íntimo se pudo completar en apenas tres meses; resaltó Clarín en su edición de hoy que precisa que el nuevo Código Procesal Penal Federal tiene una figura llamada «acuerdo de pleno» que posibilita que acusado y fiscal pacten una pena y eviten el juicio oral desde la misma etapa de instrucción. Y esto es lo que ocurrió.
El acuerdo entre los acusados y el fiscal general del Salta Eduardo Villalba posibilitó cerrar un caso con una condena alta a solo tres meses del operativo en el que se secuestró la marihuana y la cocaína. Los nueve años incluso sentaron jurisprudencia dado que el nuevo Código establece un tope de seis años para los casos de «acuerdo pleno».
El Código Procesal Penal Federal (CPPF) se aprobó en el Congreso fines de 2018, se reglamentó en febrero de 2019 y comenzó a regir en Salta y Jujuy el 10 de junio de ese mismo año. La nueva norma tiene objetivos claros: poner la investigación en manos de los fiscales y hacer procesos más cortos, más rápidos y orales. La experiencia hasta ahora es bastante positiva. Según estadísticas del Poder Judicial de la Nación, desde su implementación en junio de 2019 se ha llegado a 113 condenas: 48 en Salta, 50 en Jujuy, 10 en Oran y 5 en Tartagal.
