Lo dijo Carlos Morello del Ente Regulador de Servicios Públicos. Hasta ahora los bucólicos barrios privados manejan el agua a discreción, se exceden en la captación que les otorga el Estado y pagan una tarifa 100 veces inferior a la de otras barriadas.
Se trata de emprendimientos millonarios que desde hace décadas aprovecharon vacíos legales y falta de voluntad política para hacer un uso discrecional del agua, excederse en la captación del líquido para llenar piletas o montar sistemas de riegos pagando tarifas inferiores a la de otros barrios: unos $450 por hectárea por año que para un terreno con pileta de mil metros cuadrados y sistema de riego suponen $4 por mes, contra los $500 de un vecino común y corriente según declaró a Multivisión el presidente del organismo Carlos Saravia.
Quien también habló al respecto fue uno de los directores, Carlos Morello. “En una provincia donde las dificultades para acceder al servicio son moneda corriente, no podemos permitir que haya sectores privilegiados que no tengan regulación ni control en el uso y consumo del agua y que encima pagan precios irrisorios” resalto al ser consultado por este medio.
Se informó que los técnicos del Ente aprovecharon un decreto del año 2003 para redactar un proyecto de reglamentación de la subprestación regulando el uso del agua en los countrys, poner a los mismos bajo la órbita del Ente Regulador, medir lo que consumen y pagar una tarifa acorde. “Buscamos cuidar un recurso escaso implementando controles de la cantidad utilizada para que se respeten los cupos asignados por la secretaria de Recursos Hídricos. Hoy esos controles son inexistentes, lo que permite que se violen fácilmente los montos asignados a cada desarrollo inmobiliario. Por eso, entre otras cosas, establecemos la medición obligatoria de la cantidad de agua que toman los subprestadores de las fuentes”, precisó el funcionario.
Para ello, estos últimos estarán obligados a inscribirse en el RUSSPS y quedaran bajo la órbita del Ente Regulador que podrá inspeccionar, controlar y velar por el adecuado cumplimiento de las disposiciones de calidad y seguridad para las personas. El articulado incluye también otro punto importante: los desarrollos inmobiliarios deberán instalar macromedidores que permitan al Ente obtener con precisión los siguientes datos: captación de agua superficial o subterránea; caudal que ingresa al mismo y el caudal de agua tratada y suministrada. Los controles abarcaran también a cada uno de los domicilios ubicados en los desarrollos inmobiliarios.
