Referentes de varias comunidades de Salta, Jujuy y otras provincias del NEA están apostados en el lugar desde hace una semana. El martes un hombre ingresó a las carpas insultando y amenazando.
“Una acción entendemos direccionada, porque seguramente estamos molestando a determinados sectores, estamos incomodando con lo que estamos haciendo, que no es ni más ni menos que reclamar los derechos legítimos que tenemos como pueblo preexistente y que estamos a la espera de la voluntad de los legisladores de la Cámara de Diputados”, sostuvo Néstor Jerez a la sección local del diario Página 12 para referirse a la agresión sufrida. Jerez es cacique del Pueblo Ocloya cuyo territorio se encuentra en lo que hoy es la provincia de Jujuy.
Jerez no está solo. Hay referentes de varios pueblos: Kolla, Mapuche, Ocloya, Huarpe, Mbya Guaraní, Tonokote Llutki, Guaraní, Tolombón Nación Diaguita, Diaguita Calchaquí, Tehuelche, Qom, Wichí, Pilagá. Participan del acampe desde hace una semana pidiendo la prórroga de la ley 26160 que ordena suspender los desalojos de las comunidades.
Jerez contó que la agresión generó preocupación y están “pidiendo a la Justicia, al gobierno de la Ciudad y al gobierno nacional, que garantice la seguridad física y psicológica de todos los hermanos y las hermanas, que estamos acá acampando y vamos a permanecer hasta lograr el objetivo”. El vocero dijo que desde que comenzaron esta petición han recibido otras “agresiones verbales, amenazas”, y que a uno de los manifestantes le sacaron un celular. «El objetivo es claro, que no estemos aquí y que nos vayamos, ese es el mensaje”, aseveró.
La prórroga ya cuenta con media sanción del Senado, que incorporó además un presupuesto de 290 millones de pesos para concluir el relevamiento territorial, paso previo para avanzar en la entrega de los títulos de propiedad. Ahora resta el tratamiento en la Cámara de Diputados, lo que urge porque la norma vence el próximo 23 de noviembre.
Las organizaciones que participan del acampe presentaron el 30 de octubre una nota al presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidiéndole el tratamiento de la prórroga “con carácter de urgente”. También pidieron «la inmediata instrumentación de la ley de propiedad comunitaria indígena de nuestros territorios, reconocida desde 1994, en la Constitución Nacional y en el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación, para evitar el avasallamiento, vulneración de derechos e intentos de despojos sobre nuestros territorios comunitarios”.
