Un fallo advirtió que hay provincias subrepresentadas en el congreso. El juez de Corte coincide con el diagnóstico pero advierte que una actualización que siga los criterios de la ley vigente supondrá la hegemonía política absoluta de las provincias centrales.
El actual Juez de Corte y presidente del Consejo de la Magistratura, Abel Cornejo, estuvo anoche en el programa “Cara a Cara” que cada jueves se emite por la señal de Cablevisión. Allí se mostró preocupado por la situación del federalismo argentino al asegurar que la recomendación de la Cámara Electoral nacional al congreso de la nación para actualizar la representación de las provincias, supondría el fin del federalismo.
El juez ya se había referido a la situación por medio de un análisis que aquí reproducimos por la importancia que posee para el futuro institucional del país.
“Como si se tratase de una secuencia de ciencia ficción y hubiera resucitado el clérigo inglés Thomas Malthus, un sorprendente y no menos preocupante fallo de la Cámara Nacional Electoral sacudió el espectro jurídico y político. Es que los Jueces Electorales hicieron lugar a una presentación de un ciudadano cordobés, según la cual y teniendo en cuenta la ley Bignone de 1983, algunas provincias conforme al crecimiento poblacional que tuvieron desde entonces hasta ahora, deberían aumentar el número de sus diputados nacionales. Con ello, el aumento de la población es el hilo conductor que a la manera malthusiana los Jueces tomaron para resolver el entuerto.
Las lecturas del precedente no solo no resultan auspiciosas, sino que no se entiende bien cuál es el propósito que animó a los magistrados a pronunciarse de ese modo. Recordemos que la Cámara Nacional Electoral aspira a controlar de manera exclusiva los procesos electivos y, a la vez, fue absolutamente refractaria a aceptar cualquier cambio respecto a nuevas formas de emitir el voto, como fue el caso de la boleta única electrónica, por ejemplo.
El fallo es mucho más desconcertante si se tiene en cuenta, y se confronta la composición actual de la Cámara de Diputados de la Nación, con lo que pretendería imponer el fallo de la Cámara Nacional Electoral.
Actualmente la Cámara Baja tiene 257 representantes, y con el incremento que propician los magistrados electorales el número se elevaría a 290. Pero mucho más impresionante es el poder que dentro del cuerpo tendría la provincia de Buenos Aires en relación a todas las otras provincias argentinas, pues sus representantes pasarían de 70 a 97 diputados.
Otras provincias perderían diputados, algunas en una gran cantidad. Tal sería el caso de la Rioja, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, la ciudad de Buenos Aires, San Luis, San Juan, la Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; otras conservarían el mismo número actual como Misiones, Tucumán y Chaco, y otras aumentarían en forma mucho menor a Buenos Aires; como Córdoba, Santa Fe, Salta y Mendoza. De aplicarse este criterio, la provincia de Buenos Aires tendría dentro de la Cámara de Diputados, la fuerza equiparable a un estado asociado y no a una provincia autónoma igual a las restantes.
Con 97 diputados nacionales dominaría prácticamente un tercio de la Cámara, es decir que las consecuencias hacia el interior serían nefastas y que se consagraría una suerte de estado unitario, absolutamente incompatible con la forma representativa, republicana y federal que adopta la Nación Argentina para su gobierno de acuerdo al artículo 1º de la Constitución Nacional.
No solamente se generaría semejante asimetría, sino que Tierra del Fuego, por ejemplo, de los cinco diputados nacionales que tiene actualmente, quedaría solamente con uno; y La Rioja y Santa Cruz que también tienen cinco representantes en la Cámara Baja en la actualidad, se quedarían únicamente con dos.
Para no llegar a ese caos, es de esperar que prime la cordura y el asunto ni siquiera se trate en el Congreso de la Nación, porque su aprobación importaría la sepultura del federalismo argentino y la subsistencia de todas las provincias periféricas, que precisamente se despoblaron por falta de recursos: ello motivó la migración de ciudadanos argentinos hacia el conurbano para buscar oportunidades para sobrevivir.
En cambio, no fue motivo de preocupación que finalmente se sancione la ley de Coparticipación Federal, que sin duda tiene también incidencia en el sistema electoral. Tampoco se propició la apertura de una discusión democrática sobre la ley de Partidos Políticos ni sobre la forma de ejercer el voto. Una data del fin de la dictadura y la otra de hace cien años. Sin duda, existen motivos muy serios que la ciudadanía desconoce para que Malthus decida la suerte de los argentinos con sus apocalípticas teorías.