El padre de Outes fue asesinado en la Masacre de Palomitas el 6 de Julio de 1976, mientras los padres de Morales Miy fueron secuestrados-desaparecidos por un grupo de tareas en abril de 1977.
Pablo Outes y María Eugenia Morales Miy comparten algunas cosas. Encabezan una lista de precandidatos a diputados nacionales por Unión por la Patria que dirimirán en las PASO del 13 de agosto la candidatura oficial. Cada uno de ellos presentará a los precandidatos que los acompañan en el día de hoy: Outes lo hará en la sede del Partido Justicialista a las 18 horas y Morales Miy hizo lo propio en el Hotel Presidente a las 10 de la mañana.
También comparten un rasgo trágico: son personas atravesadas por el horror de la dictadura de 1976. “Mi familia fue diezmada por la dictadura” relató hace poco María Eugenia Morales Miy a CUARTO recordando que es hija de madre y padre desaparecidos. Efectivamente, María Eugenia tenía apenas 18 meses de vida el 22 de abril de 1977, el día que un grupo de tareas irrumpió en la casa que habitaba en la localidad bonaerense de Escobar y le arrebató a sus padres: María Elida Morales Miy y Luis Martínez Novillo. Al “Gallego” lo mataron delante de María Angélica y su hermana Jimena de 4 años, aunque el cuerpo nunca fue entregado por los militares a la familia. En el mismo operativo, María Elida fue secuestrada con las niñas. La primera fue vista en el Centro Clandestino de Detención de Campo de Mayo y sigue desaparecida, aunque su asesinato se habría producido en uno de los tristemente famosos “vuelos de la muerte”. Según los sitios vinculados a organismos de DDHH, la bebé María Angélica y su hermana sufrieron al menos dos intentos de apropiación por parte de militares, aunque finalmente fueron rescatadas por su abuela materna que las trajo a Salta.
La historia de Pablo Outes también está atravesada por la muerte. Su padre fue uno de los 11 presos políticos asesinados en la Masacre de Palomitas el 6 de Julio de 1976. Algunos militantes de los setenta aseguran que Outes militaba en el Frente Revolucionario Peronista, otros insisten en que lo hacía en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Lo indudable es que Outes era de origen radical, había ocupado una banca en diputados por ese partido y experimentó un proceso de radicalización política que fue común entre los militantes de aquellos tiempos. En noviembre de 1974 protagonizó un hecho que militantes de la época consideraron una imprudencia: se dirigió al aeropuerto El Aybal para recibir los restos de Aníbal Puggioni. Se trataba de un militante del Frente Revolucionario Peronista, una agrupación con referentes locales cuyo brazo armado era el Ejército de Liberación Nacional. El “Frente” fue de los primeros grupos salteños en ser “golpeados” por la represión ilegal. Ante ello, Puggioni huyó a Buenos Aires pero fue secuestrado en Palermo por la “Triple A” y su cuerpo apareció maniatado en el Riachuelo con dos disparos.
Entre noviembre de 1974 y junio de 1975 Outes estuvo detenido en Villas Las Rosas, la cárcel de Devoto, Rawson y el penal de Resistencia. En ese marco accedió a la opción de abandonar el país voluntariamente, una herramienta contemplada en la Constitución (art. 23) con la que Isabel Perón y José López Rega se deshacían de los indeseables. Pablo Outes accedió al beneficio en mayo del 75 y viajó a Venezuela. En noviembre de ese año volvió al país aduciendo problemas de visado y la necesidad de ver a sus hijos: Soledad, Rosario y a “Pablito”, tal como lo menciona en las cartas que enviaba a Soledad. El 2 de noviembre de 1975, a las 2,40 de la madrugada, se presentó a la Policía Federal en compañía del juez Ricardo Lona. Juez que meses después recibió una carta del mismo Outes quien le informaba que su retorno obedeció a que fue enviado al exterior con una visa de turista y exigía que su situación procesal se aclarara.
El 6 de Julio de 1976, Pablo Outes, Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Ávila, José Ricardo Povolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Ussinger, y Alberto Simón Zavarnsky fueron objeto de un “traslado”. Se les informó que dejarían el penal de Villa Las Rosas y se dirigirían al sur del país. Al llegar al paraje Palomitas los reclusos fueron obligados a descender del camión en que viajaban y tras ser alineados sobre el alambrado rural de una finca fueron ejecutados. Todos los detenidos estaban legalizados y bajo la protección del entonces juez federal de Salta, Ricardo Lona, quien fue cómplice de los militares.
Para justificar el acto homicida los asesinos fraguaron una mentira estrafalaria: comandos guerrilleros intentaron rescatar a los reclusos generándose una balacera en donde las víctimas fueron sólo los presos mientras los integrantes del bando castrense no sufrieron un rasguño. Los cuerpos de Georgina Droz y Evangelina Botta de Nicolai nunca aparecieron porque fueron dinamitados por haber sido altos cuadros políticos de las organizaciones de entonces.
