El ex militar Carlos Ignacio Cialceta se refugió en un placard al ser detenido hace un año. Durante la dictadura se desempeñó en Tartagal e integró el grupo de tareas que secuestró, torturó y asesinó al dirigente peronista René Santillán.
El 11 de noviembre del año 2021 dos fotos recorrieron todas las redacciones del país. Las había publicado el ministro de Seguridad de la nación, Aníbal Fernández, en su cuenta de Twitter. En ambas aparecía el ex militar salteño: en una estaba maniatado y custodiado por uniformados que lo sacan de su casa; la otra, se ve al ex teniente coronel torturador, saliendo de la parte alta de un armario. Cialceta era buscado por la justicia e incluso tenía pedido de captura internacional. Venía evadiendo la ley desde abril de ese 2021 hasta que finalmente fue apresado en el centro de la ciudad de Salta.
El exmilitar desempeñaba durante la dictadura en el Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal. Fue parte del grupo de tareas que en agosto de 1976 entraron encapuchados a la casa de Santillán en General Mosconi (Salta). Tras golpearlo brutalmente frente a sus hijos, lo trasladaron en auto a Tartagal donde fue asesinado. En el sitio “Militantes del peronismo revolucionario” el historiador Roberto Baschetti registró una biografía del dirigente que integraba la Juventud Peronista de Mosconi, donde realizaba trabajo social con los pueblos originarios de la zona y en los barrios más carenciados. Al final de la biografía puede leerse: “Fue secuestrado el 10 de agosto de 1976 frente a su esposa Irma Yolanda Prado y algunos de sus hijos. Fue asesinado y su cuerpo dinamitado el mismo día, en el camino a Acambuco. Tenía 33 años”.
Cialceta volvió a ser noticia hoy al confirmarse que la jueza Mariela Giménez le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a pesar de que estuvo prófugo durante siete meses y de que especialistas médicos dieran cuenta de que es un manipulador que trató de obstaculizar la realización de los exámenes. Un ejemplo ilustra este rasgo del represor: ya detenido intentó mostrarse como una persona con psicopatologías y hasta obtuvo – en mayo de este año – un diagnóstico de psicosis de parte de médicos del Poder Judicial salteño, aunque en los peritajes la jueza no permitió que los peritos de la parte acusadora participaran de los peritajes. “Ayer el abogado Gastón Casabella, representante de la Secretaría de DDHH de la Nación, adelantó que apelarán el otorgamiento de la domiciliaria” destacó en su edición del hoy la sección local del diario Página 12.
