El misoprostol se aplica a la interrupción legal del embarazo (ILE), de acuerdo con el protocolo para los equipos de salud. La Organización Mundial de la Salud lo incluyó en su lista de medicamentos esenciales.
La jueza federal que había aceptado el reclamo de dos asociaciones civiles para prohibir la venta de misoprostol en las farmacias hizo lugar la semana pasada a la apelación que presentó la Anmat contra esa decisión. Ahora, será la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la que deberá decidir sobre la vigencia de la disposición del organismo regulatorio que autorizó la comercialización del producto.
El año pasado, la Anmat aprobó el producto en comprimidos de 200 mcg de un laboratorio argentino. Lo hizo primero para uso hospitalario, y en octubre de 2018 habilitó su venta en las farmacias en presentaciones de 4, 8 y 12 comprimidos. El 5 de este mes, la magistrada Cecilia de Negre, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, resolvió aceptar la medida cautelar de la Asociación Civil Portal de Belén y la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci) y ordenó la suspensión del segundo artículo de la disposición de la Anmat que autorizaba la comercialización de misoprostol en las farmacias con receta archivada. Lo que la jueza rechazó fue el pedido de las asociaciones de suspender el protocolo para la ILE.
La Anmat apeló la decisión judicial. «La resolución dictada por la magistrada cercena el acceso a los medicamentos, apartándose del marco normativo existente, y pasando por arriba de las competencias de la autoridad sanitaria a nivel nacional, sin tener el más mínimo fundamento, y vulnerándose expresas garantías protegidas por nuestro ordenamiento constitucional», argumentó en su escrito el abogado Adrián Galli Basualdo, apoderado de la Anmat.
Ayer, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anticipó que se alentará desde el Estado la producción de misoprostol en la red de laboratorios públicos, que dependen de las provincias o las universidades. El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) Sociedad del Estado, de Santa Fe, empezó a distribuir en septiembre pasado los primeros 200.000 comprimidos elaborados en su planta. Cuestan un 35% menos que el del mercado.
