A cuatro días de que el gobierno provincial anunciara que se estudiará la adhesión o no de Salta a lo resuelto por el Ministerio de Salud de la nación, tres de las directoras emitieron opinión institucional al respecto.
El comunicado se difundió en la tarde de ayer a través de un parte en donde el organismo asegura que la “no adhesión a la 2da Edición del Protocolo (2019), redunda en desigualdad y discriminación en el reconocimiento, acceso y ejercicio de los derechos humanos de las personas con capacidad de gestar de la provincia de Salta, en particular el derecho a la salud y la utilización del progreso científico y tecnológico”.
El parte está acompañado por la resolución número 8 rubricada en el día de ayer por tres de las directoras: Ana Pérez Declerq, María Pía Ceballos e Inés Bocanera. En el artículo primero de la resolución se recomienda que “el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud provincial, adhiera al “PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DERECHO A LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO”, 2da edición 2019, aprobado por la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la nación”.
El artículo segundo, por su parte, dice lo siguiente: “Que en todos los casos se garantice el derecho a la interrupción Legal del Embarazo de acuerdo a los principios rectores de la autonomía, transparencia activa, accesibilidad, no judicialización, confidencialidad, privacidad y celeridad”
