En un comunicado, mostraron preocupación porque la palabra del arzobispo sea brindada sólo por escrito.
Juan Carlos García y Carla Fernanda Morales, denunciantes del sacerdote Emilio Lamas por distintos casos de abuso sexual en su contra, se mostraron preocupados por la falta de testimonio del arzobispo de Salta, Mario Cargnello.
«Estamos preocupados tras conocer que para la etapa de juicio venidera el fiscal penal a cargo de nuestro denuncia omitió citar para el debate a declarar como testigo al arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello. El mismo pretende que se incorpore su testimonio por lectura de un escrito que el mismo presentó en diciembre de 2018», aseguraron García y Morales.
En un comunicado, los denunciantes agregaron que «para muñirse del expediente canónico por el cual se condenó al sacerdote, se pretende permitir que el arzobispado solicite autorización a la Congregación para la Doctrina de la Fe, con sede en Roma».
«Consideramos que estas dos medidas son equivocadas a la luz del derecho vigente, y que de convalidarme por el tribunal de juicio menoscabarían nuestro derecho a la verdad y de acceder a una tutela judicial efectiva, consagrados en la constitución nacional. Es por eso que pedimos que se cite a declarar al arzobispo, y que en caso de que el arzobispado se niegue al requerimiento judicial de entregar el expediente, se allane la sede del arzobispado a los fines de secuestrarlo», solicitaron.
«Incorporar por lectura el testimonio del arzobispo de Salta sería una violación al principio de inmediación y violaría nuestro derecho constitucional para preguntar y repreguntar durante el debate, sobre un hecho donde el arzobispo respondió desde su residencia, sin que nuestro abogado ni ninguna de la partes estuviera presente. Además, resultaría darle un privilegio que –criticablemente- solo tienen funcionarios públicos y representantes de estados extranjeros», explicaron.
«Permitir que una institución de un Estado extranjero autorice o no el acceso al expediente en el que se juzgó nuestro caso sería un avasallamiento liso y llano de la soberanía de nuestro país para investigar y acceder a la información en manos de instituciones argentinas, ya que el arzobispado de Salta, y todas las personas que trabajan allí, están bajo jurisdicción argentina, la que aun reconociendo su derecho canónico, no puede convalidar que se afecten derechos humanos consagrados en la constitución», argumentaron.
