El recurso podría ayudar a diversificar la matriz productiva de la provincia, aunque los criterios de explotación poseen una linealidad neoliberal: desde la dictadura militar que lo declaró “concesible” hasta Macri que redujo las regalías que pagan las mineras.
Argentina, Bolivia y Chile conforman lo que se conoce como “el triángulo del litio”, y concentran entre el 70% y el 85% de las reservas terrestres. El dominio sobre la cadena de extracción e industrialización de este mineral, muchas veces llamado en medios de comunicación “oro blanco”, va camino, a pasos agigantados, a convertirse en un factor de poder sumamente importante en la disputa geopolítica y económica.
El litio se utiliza en la confección de baterías, en los dispositivos electrónicos portátiles, y además comienza a ser parte de los nuevos autos eléctricos y también para almacenar energía producto de fuentes renovables.
En nuestro país, entre los años 60` y 70` la Dirección General de Fabricaciones Militares exploró los salares de la puna, por los usos del litio en la fusión nuclear. A pesar de estas potencialidades, la última dictadura militar incorporó al litio a la lista de las sustancias concesibles del Código de Minería. Esto, a pesar de casi 40 años de democracia y de los crecientes usos de este mineral aplicados a la electrónica, no ha cambiado. Nuestra legislación no reconoce el carácter estratégico del litio, lo que permite a empresas privadas extranjeras acceder a los yacimientos públicos mediante una concesión minera simple, y luego disponer de ellos libremente para, por ejemplo, explotarlos al ritmo que ellas quieran, con las consecuentes implicancias ambientales y económicas.
Con el apoyo e impulso del gobierno de Mauricio Macri se fomentó la baja de regalías (de sólo un 3%, en base a lo declarado por las propias empresas) que deben pagar las mineras, con el mismo argumento que se utilizó para privatizar la explotación hace años: promover las inversiones extranjeras y generar trabajo en las comunidades.
A diferencia nuestra, Chile, panacea de la ideología liberal pro mercado, concesiona a empresas privadas, pero con importantes regalías para el Estado, incluyendo en la ley a las comunidades, ya que considera al litio como un recurso estratégico. Otro fue el modelo propuesto en Bolivia por el gobierno de Evo Morales, a partir del 2008. Trabajar en el circuito completo, desde la extracción hasta la construcción de las baterías, ya que considera al litio como recurso estratégico, y al salar de Uyuni como reserva fiscal. Indudablemente, el golpe contra el gobierno de Evo Morales tiene un fuerte interés en interrumpir el proceso boliviano de industrialización del litio que, de continuarse, podría modificar las relaciones de poder pre existentes entre países desarrollados y sus empresas, y países sub desarrollados, meros productores de commodities.
En Argentina existen numerosos centros de investigación científico tecnológicos que se encuentran hace años trabajando en la generación de alternativas de extracción de litio con métodos que impacten menos en el ambiente, y también en el desarrollo tecnológico para el agregado de valor en nuestro país.
A los salteños, este tema nos toca de cerca. Según lo anunciado, está previsto, por ejemplo, que en 2021 entre en producción en nuestra provincia la planta de litio más grande del mundo, en el Salar del Rincón cerca del Paso de Sico. Por supuesto, a cargo de una empresa extranjera, en este caso la canadiense Rincón Mining.
La pregunta se abre, ¿seremos capaces de generar desarrollo en nuestro NOA con el litio? El desafío es hacerlo respetando el ambiente, la participación ciudadana y la transparencia absoluta en todo el proceso. ¿Será posible?
