El 29 de noviembre del 2015, Gloria Armella falleció en un accidente en el santuario de María Livia. El caso desnudó las carencias de controles y habilitaciones al santuario de María Livia.
A cinco años del accidente fatal de mi hermana, Gloria Armella, ocurrido el 28 de noviembre de 2015, en el predio conocido como “de la Virgen del Cerro”, las sensaciones en relación con este tema y otros que ocurren en la provincia, me incitan hoy a un breve análisis. La provincia de Salta es reconocida a nivel internacional como destino turístico, ahora con el sello “Safe Travels”* en relación con el cumplimiento de los protocolos globales de higiene y sanitización por la Covid-19.
No obstante este progreso, que esperemos sea consecuente con la realidad, los incontables casos de víctimas en situaciones de riesgos evitables, a partir del incumplimiento de la normativa vigente a nivel ambiental y de higiene y seguridad, entre otras, por los mismos responsables gubernamentales a cargo, hacen pensar que es absolutamente necesario un cambio de mentalidad, dado que no hay una renovación de personas (los mismos funcionarios anteriormente en cargos municipales, hoy se encuentran en los máximos estadios del gobierno provincial, así como los mismos apellidos de la anterior gestión provincial hoy abundan en la actual).
Como víctima a partir del trágico deceso de mi hermana, he podido constatar personalmente e in situ las incontables irregularidades en el tratamiento administrativo y judicial de este caso. A esta altura de los acontecimientos, hoy puedo abordar el tema luego de un arduo camino transitado con el trauma psíquico que implica una pérdida en tales circunstancias con injusticias y revictimizaciones varias.
Es importante este rescate de sentimientos e ideas, porque creo que mi aporte en la investigación posterior a la muerte de mi hermana, que no efectuó la justicia -que se concentró sólo en la imputación del chofer del colectivo que descendía llevando a mi hermana desde el santuario de la Virgen del Cerro- sienta un precedente, por varias razones.
La primera de ellas, tratándose de un evento público, es que sea “normal” que la propia víctima sea la única persona -tanto en la causa judicial como en el expediente de proyecto especial de ampliación del santuario mencionado, iniciado justo un mes antes de este fatal suceso- interesada en preguntarse por el Estudio de Seguridad de tal actividad, así como en el estado de cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 14.529 (en ese entonces, ahora N° 15.292) también aplicable para las “actividades colectivas sin fines de lucro”.
Lamentablemente, me he confrontado a la negativa de la existencia de un EIAS -Estudio de Impacto Ambiental y Social- para tal actividad, en un primer pedido formal de información pública ambiental a la Secretaría Municipal de Ambiente, presentado en marzo 2017 con el interés de llevar esas informaciones a la justicia, para luego tener la “suerte” de encontrar en internet en el Boletín Oficial Municipal la referencia de un proyecto especial de EIAS para la ampliación del santuario, aprobado en Noviembre 2016, con la cual pude reiterar el mismo pedido en Agosto 2017, logrando finalmente acceder al EIAS referenciado. Nadie en la Municipalidad de Salta me informó acerca de la existencia de una Oficina Anticorrupción, que podría haber sido la intermediaria oficial de esas informaciones directamente con Ciudad Judicial (la oficina judicial de Asistencia a las Víctimas de Delitos Graves, tampoco hizo ninguna mención a esta Oficina Anticorrupción Municipal). También me fueron dirigidas por escrito falsedades en relación con la habilitación y control de las actividades llevadas a cabo en el predio mencionado, afirmando que estaban bajo la responsabilidad del Ministerio de Turismo de la Provincia de Salta, lo cual fue negado por un dictamen de este organismo. Conclusión, nadie habilita ni controla esta actividad masiva, y nadie más que la propia víctima investigó estas cuestiones, que parecían no importar, o más bien, debían no importar (por la afectación a los intereses de una clase dominante que lucra con estas actividades, replicada en instancias del poder ejecutivo, legislativo y judicial de la provincia y de la municipalidad de Salta, razón por la cual nunca este asunto le interesó a ningún funcionario público de estos estamentos, por décadas).
Tampoco la Justicia determinó de oficio la clausura preventiva ante los dos accidentes ocurridos ese 28 de noviembre de 2015 (el otro fue el que involucró a 41 turistas de un colectivo que venía de La Rioja), supongo porque era necesario no estorbar la dinámica de los negocios para la siguiente fiesta anual de la Virgen en el mes de diciembre.
Tampoco este tema le interesó a ningún sector de los que trabajan en cuestiones de género. Cabe acotar que mi hermana Gloria Armella, fue acusada por un colega del chofer imputado, testigo de la defensa, de haber robado celulares, mientras que en su cartera ni su propio celular se encontraba (yo misma fui a la comisaría implicada a retirar sus efectos personales, y obra en la causa el inventario efectuado por la policía, a la cual agradezco por haber realizado su trabajo como corresponde). Aún así, la propia defensa del imputado, expresa en un pedido de sobreseimiento que fue denegado, que “aparentemente en función de las declaraciones efectuadas y de las requisas practicadas se trataba de una persona de esta Ciudad, subida en un colectivo ocupado habitualmente por turistas de otras provincias o extranjeros (téngase presente los domicilios de las testigos), cuya única finalidad fue el accionar delictivo (carterista), y que como práctica habitual luego de lograr sustraer elementos (billeteras y demás objetos de valor) de los turistas presentes, espera que el colectivo comience a rodar e intenta bajarse “al vuelo” como vulgarmente se hace referencia a estas situaciones (véase requisa y constancias de elementos secuestrados a la víctima, rolante en autos)”. Cabe acotar que el que profirió falso testimonio no recibió ninguna condena.
Tampoco ninguna ONG -Organización No Gubernamental- en apoyo a las víctimas intervino en el caso, aunque bastante acumulador de irregularidades varias, y por supuesto concentrando muchas injusticias. Cuando me entero de la existencia de una oficina anticorrupción en la municipalidad, después de haber marchado 2 años en la Plaza 9 de Julio, todos los viernes, por la causa de mi hermana y otras, es por internet (a mediados de 2019). Siempre se me dijo que no se podía hacer nada, incluso abogados supuestamente abocados a las justas causas…
Tampoco ningún sindicato o institución se preocupó en denunciar que todos los empleados de organismos públicos provinciales y municipales -o privados presentes en estas actividades turístico religiosas (sin contar con habilitación para ninguna de estas dos calificaciones)-, como es el caso del chofer que fue imputado por la muerte de mi hermana (ni su abogado defensor lo hizo seguramente para no afectar altos intereses), son llevados a trabajar a un lugar donde no se cumple la normativa nacional y provincial vigente en Higiene y Seguridad en el Trabajo, por el hecho de no contar con el Estudio de Seguridad que debería tener si cumpliera con la Ordenanza Municipal N° 14.529 (ahora N° 15.292).
Por ello, en este caso de inseguridad física y jurídica sumada a la impunidad, que no ha tenido más difusión que la de cierta prensa independiente, y no la de los grandes medios (incluso hay acciones de censura expresa en ciertos contenidos), están presentes muchas de las injusticias que hoy vemos día a día replicarse, y es por eso, que mis acciones como víctima y como promotora de Desarrollo Sostenible, tienen la orientación de la defensa de los vulnerables y del estado de derecho. Pero, ¿no es ése el rol del Estado?
Para que esto cambie, deben cambiar las mentalidades, y si no cambian las mentalidades, deben cambiar las personas en el Estado. Porque son quienes les dan su materialidad. El Estado no debe servir a intereses privados (ni a la propia conveniencia de funcionarios y allegados) sino al interés general, y con la simulación, así como con las falsas apariciones, lo único logrado será, como es ahora, una “nueva” normalidad donde los logros sólo son fotos de pantallas que se pierden en la infinitud de estas virtualidades, que nunca se hacen realidad. Es hora de terminar con las simulaciones, si se quiere avanzar de verdad hacia el estado de derecho que todos nos merecemos.
Para más información:
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Sandra Carral Garcín | “Lo de la Virgen del Cerro es una movida inmobiliaria”
Entrevista a Sandra Carral-Garcin sobre el Libro La Virgen del Cerro de Salta – Refundar el mito de Franco Hessling
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