María Martínez Morales Miy – delegada en Salta de la Secretaría de DDHH – habló de los policías enjuiciados por reprimir en asentamientos y que fueron absueltos por pedido de quien debía investigarlos y no lo hizo. La impunidad al palo.
La causa contra los 20 policías se abrió por una denuncia que realizó Martínez Morales Miy en agosto del 2020 tras la represión a los asentamientos de los barrios San Calixto y Ampliación Parque La Vega. A dos años de los hechos, el juicio estuvo atravesado por irregularidades y tuvo un final desopilante: el Fiscal que debía acusar a los efectivos – Gustavo Vilar Rey – solicitó la absolución por la duda de los efectivos. La jueza le dio la razón absolviendo a todos.
Vilar Rey había sido removido en aquellos años por la inacción que tuvo ante el recrudecimiento de la violencia policial en pandemia, fue reemplazado por Verónica Simesen de Bielke quien elevó a juicio el caso, aunque Vilar Rey fue finalmente designado para presentar pruebas en contra de los efectivos a los que no investigó en un principio. “Fue un proceso que nos sorprendió malamente. Que haya sido la propia fiscalía la que pide la absolución por el beneficio de la duda aún más. Nosotras percibimos que el Fiscal fue una especie de co-defensor más que un fiscal. Las víctimas no tuvieron representación” declaró Martínez Morales Miy al programa CUARTO OSCURO que se emite por FM La Cuerda (104.5).
“Además, la fiscalía hizo un reclamo: que la Secretaría de DDHH no presentó pruebas o testigos cuando es inconstitucional que el Poder Ejecutivo – que seríamos nosotros – se entrometa en cuestiones judiciales. El artículo 109 de la Constitución nos inhabilita. En consecuencia, no podía ser yo la que presenté pruebas o testigos a la fiscalía a no ser que la fiscalía me lo solicitase. Yo los puse a disposición y nunca me los solicitaron. Fue un contrasentido lo que reclamó el fiscal”, sentenció.
La funcionaria dijo desconocer si el episodio constituye una habitualidad del sistema judicial argentino, aunque resaltó que fue muy extraño. “La tarea de la fiscalía es investigar los hechos que se denuncian, más en Salta en donde rige un sistema acusatorio en donde es la fiscalía la que investiga. Pero no se investigó. De 26 testigos se presentaron 4; una de las testigos fui yo que me presenté por propia voluntad porque prácticamente no me citan; los testigos supuestamente fueron convocados en el domicilio de la toma en donde ya se sabía que no había nadie porque hoy es un descampado ese lugar”, destacó.
Puesta a opinar sobre la desestimación que la jueza hizo de la investigación de la Fiscal Simesen de Bielke, la secretaria de DDHH manifestó: “lo que puedo decir es que cuando la doctora Simesen de Bielke inicia la investigación, ella estuvo en contacto permanente con la Secretaría de DDHH. Las fotos y videos que pongo a disposición de la fiscalía es un material que ya se los había compartido a Simesen de Bielke, material que muy probablemente estaban en el expediente. Cuando atestigué y me querían mostrar el material para que ratifique si eran las que tengo en mi teléfono, las fotos no estaban descargadas en la computadora y no las encontraban. Fue el defensor de los policías quien le avisa al fiscal en qué foja del expediente estaba el material. Es decir, las fotos estaban cargadas en el expediente y el fiscal no las había visto”, recordó.
