Luego de que una Asociación Civil informara que en enero hubo 27 femicidios en el país, el Ministerio de Seguridad, la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal acordaron colaborar en la medición de estadísticas de feminicidios.
Luego de que el “Observatorio Ahora que sí nos ven” informara que se produjeran 260 asesinatos machistas en 2018 y 27 (casi uno por día) en enero de 2019; las autoridades nacionales buscan monopolizar los registros. Según dijo Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, las cifras se recogen por los informes en medios gráficos y digitales de todo el país, por lo que la cifra de feminicidios puede ser mucho mayor. «En Argentina hubo una víctima por violencia machista cada 26,6 horas», dijo Vivanco. «Un dato importante es que el 18% de las mujeres asesinadas durante el año 2018 había realizado denuncias contra su agresor y el 13% tenía medidas de restricción de acercamiento impartidas por la justicia», agregó la activista.
Por eso, a partir de ahora, los tres organismos que reúnen estadísticas oficiales de mujeres asesinadas por su condición de género compararán sus cifras para elaborar nuevas medidas de prevención y paliar este «terrible tema».
«Esto nos lleva a poder pensar entre todos nuevas estrategias para poder tener mejores denuncias y mejores sistemas», aseguró Patricia Bullrich, que también dijo que este convenio le va a hacer «mucho bien a las mujeres y a todo el país». Además, Bullrich explicó que, junto al número de mujeres asesinadas, también se contabilizarán desde ahora «los niños muertos por odio de género».
La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, quien participó de la firma del convenio, dijo que «de este trabajo conjunto saldrá algo mucho más completo que lo que cada uno tiene en forma individual» y comentó que en la Corte llevan recopilando desde 2014 todos los feminicidios que están en causa, pero su registro tiene «una fuente distinta a otras» y con este acuerdo podrán «mejorar» al comparar cifras. El acuerdo fue suscripto también por el procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.
