El delegado del INADI confirmó que la intendenta denunció al periodista, quien la trató de “nena caprichosa” que tuvo “uno o dos embarazos pagados por el Estado”. El funcionario nacional anuncia una campaña de concientización en los medios.
Las expresiones fueron registradas hasta por la prensa nacional – “tuvo uno o dos embarazos los cuales se los pagó el Estado porque indudablemente que no trabajó” y que su carácter “intratable” e “imbancable” obedecía a su condición ser “hija de” – y provocó que al respecto se expresara la titular nacional del organismo, Victoria Donda; y que la diputada provincial Silvia Varg también denunciara al periodista el día sábado.
Farquharson confirmó en el programa radial Cuarto Oscuro (FM La Cuerda 104.5) que el Instituto que preside en Salta recibió la denuncia de la jefa comunal y aseguró que ya tomaron intervención para analizar si hubo o no un acto de discriminación, tal como define el artículo 1 de la Ley 23.592: todo aquel que “arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional”, actos discriminatorios que pueden estar determinados por motivos tales como “raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
El funcionario advirtió en su columna radial que una denuncia por discriminación no afecta en absoluto el derecho a opinión que “posee la prensa para estar allí donde los hechos que interesen a la sociedad suceden y puedan relatarlos y opinar al respecto. Acá hay un señalamiento de otro tipo: la de opiniones que tendrían como único sustento la subjetividad del opinante, produciendo mensajes que atentan contra la igualdad de género y el avance en esa materia traducidos en leyes que sintetizan años, décadas y hasta siglos de la lucha de las mujeres para acceder a derechos de los que gozan los hombres”.
Explicó que la violencia de género simbólica es definida por la Ley 26485 como aquella que emite mensajes que transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad; que la violencia política siempre busca restringir la participación de la mujer apelando a la intimidación, el hostigamiento, la deshonra, el descrédito, la persecución, el acoso y/o amenazas, pudiendo ocurrir tanto en instituciones estatales, partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos y también en medios de comunicación.
“Erradicar la violencia contra las mujeres es un tema pendiente en la Argentina, tal como los medios de comunicación lo reflejan todos los días. Este caso muestra que también debemos trabajar para erradicar esa violencia de los medios que son actores privilegiados en cuanto al uso de la palabra pública. Resulta estratégico que allí se presente como un valor altamente democrático la mayor presencia de las mujeres en los espacios de poder. Este caso debe ser la oportunidad para tomar conciencia de todo lo que avanzamos como sociedad en esa materia, pero también en todo lo que falta y en la necesidad de no retroceder. En ese sentido hemos decidido iniciar una campaña para acercar a todos los trabajadores de prensa de la provincia “El manual de comunicación inclusiva ´Buena prácticas´ para comunicadores y comunicadoras”, manifestó.
