La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Salta está en estado de alerta y movilización por la continuidad de despidos en el sector. El vaciamiento de Nación impide el trabajo en territorios con comunidades indígenas y campesinas-rurales.
“Lo que no se puede medir ¿no vale?”, es el título de una carta abierta de Ana Herrera, trabajadora dependiente de la Secretaría de Agricultura Familiar de Salta, que desprende del Ministerio de Agroindustria de la Nación. En su relato expone el giro de la política en la cartera, anunciado días atrás, sumado a un análisis personal (y colectivo) del desguace estatal y la precarización laboral que se profundiza día a día.
Cuando se supo que habrían nuevos despidos en el sector – dicen que entre 300 y 350 de los cuales la mitad serán en la CABA y el resto en el interior – las emociones colectivas se hicieron públicas a través de Herrera quien usó su cuenta de Facebook para difundir la carta de la que hablamos. “Llegaron algunos telegramas, de esos que nadie quiere recibir, llenos de letras, números de expedientes y leyes, que dicen que estás sin trabajo. Para ellos somos un número, que hay que disminuir, junto a los gastos de alquileres, teléfono, limpieza, etc. Pero no”, continúa la estremecedora carta.
El trabajo en territorio con comunidades indígenas y campesinas-rurales que llevan adelante desde Agricultura Familiar es de larga data y acarrea consigo victorias parciales que permitieron, entre otras cosas, dignificar a numerosas familias en un estado de vulnerabilidad y aislamiento preocupante.
A esas personas, con quienes trabaja, se refiere Herrera: “Son personas, que con el aporte de nuestro trabajo alguna vez sonrieron porque ya no tenían que acarrear agua desde kilómetros. Son personas, mujeres sufridas, que ya no tendrán que amanecerse buscando y cuidando del frío, del hambre y de la muerte a sus cabritos, porque hay un refugio y silo de maíz como comida. Son personas, que hicieron dignas sus casas. Son personas, que dejaron de tener vergüenza por ser indios y venden alimentos sanos valorados por los vecinos del pueblo. Son personas, que haciendo consciente sus derechos, se emocionaron hasta las lágrimas por poder tomar agua potable cuando antes era contaminada por petróleo y desechos de una refinería”.
Si bien se ha dado prórroga a la ley Nº 26.160 sobre Emergencia Territorial de las comunidades indígenas, la ejecución de la misma se encuentra paralizada. A ello se suman los despidos de sectores claves para los pueblos originarios y familias campesinas-rurales: se rompen nexos por la imposibilidad de continuar el trabajo en territorio. Y esto es, nada más y nada menos, que una decisión política del Gobierno Nacional que conduce Mauricio Macri.
El achique al gasto público y sus consecuentes despidos en diferentes órbitas, son una constante desde 2015 hasta la fecha. Por ello, con el lema “En Agricultura Familiar No Sobra Nadie”, trabajadores y trabajadoras del sector ratifican su estado de alerta y movilización por la creciente ola de despidos.
