En el primer semestre de 2019, el Congreso de la Nación aprobó sólo 9 normas y sancionó la menor cantidad de leyes en comparación con los últimos 7 años. Así lo muestra un informe realizado por la Fundación Directorio Legislativo.
Según el relevamiento, si se compara 2019 con el año en que mayor cantidad de leyes se sancionaron, se ve que en 2015 — también año electoral— se llegó a 33 aunque en ambos años los “primeros semestres” tuvieron la misma cantidad de sesiones: nueve. En 2016 se produjo el pico más alto, con 19 sesiones en el primer semestre, siendo el promedio de la primera parte del año de 14 sesiones. “Las dificultades para consensuar la agenda legislativa fueron factores determinantes para que los números sean los mencionados”, remarcó el diario Perfil al analizar el informe.
También se resaltó que en los últimos ocho años el promedio de leyes sancionadas fue de 22, por lo que 2019 queda muy por debajo de ese número. Con respecto a las 9 sesiones reseñadas, cinco de ellas se dieron en la Cámara de Diputados y cuatro en el Senado. Del total, solo siete sesiones estuvieron destinadas a tratar proyectos, ya que dos de ellas fueron informativas, con la presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
En el Senado, tuvieron sanción definitiva Ley para prevenir el acoso callejero hacia las mujeres; Ley de economía del conocimiento; Ley que instituye la promesa de lealtad a la Constitución Nacional en las escuelas; Ley que declara la emergencia económica para la producción de cítricos en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.
En Diputados, se sancionaron las siguientes: Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos; Ley de competencia judicial en los casos de narcomenudeo; Ley de prórroga por un año de la emergencia económica para la producción de peras y manzanas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa; Ley de creación de un fondo de asistencia directa a las víctimas de trata de personas; Ley para la integración de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa; convenio entre el Ministerio del Interior y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe