Miembros de comunidades de Rivadavia acusados amenazar a un terrateniente fueron puestos ante un tribunal y les negaron la posibilidad de que sean juzgados con la presencia de un intérprete.
Los acusados son los caciques Demetrio Campos, de la Comunidad La Misión; Martín Acosta, de El Chañaral, y Dalmacio Acosta, de San Felipe.
El conflicto se remonta a 2014 cuando el finquero Alejandro Gareca alambró parte del territorio comunitario (en la zona de El Chañaral), según informa Nuevo Diario, a lo que los miembros de las comunidades aborígenes se opusieron y levantaron los postes. Además Gareca adujo que fue amenazado.
La denuncia por usurpación fue desestimada por la fiscal interviniente, Mónica Viazzi, pero no ocurrió lo mismo con los daños y amenazas también denunciados por el finquero. Por ello se llevará adelante una audiencia ante el Tribunal de Juicio de Orán, a cargo de Aldo Primuci.
La falta de un intérprete ya fue apuntada desde el año pasado, por lo que la defensa planteó la nulidad del proceso. Esto fue rechazado por el Tribunal de Impugnación, cuyos jueces entendieron que los caciques conocían la lengua nacional: “porque concurrieron a indagatoria y dijeron que no iban a declarar, luego firmaron las actas escritas en idioma español y usan también este idioma en lo sellos de sus cargos de caciques”, aseguran en la publicación del matutino.
Tras estas situaciones la organización de derechos humanos Amnistía Internacional hizo un llamamiento para que se respeten el derecho de defensa de Campos, Martín y Dalmacio Acosta. Además, en un comunicado de personas que acompañan a las comunidades originarias de Rivadavia Banda Sur se recordaba que a uno de los acusados “lo están llevando juicio sin siquiera haberlo indagado ni realizado en audiencia la imputación que prevé el Código Procesal Penal de la provincia”. Y se advertía que “la realización de un juicio en estas condiciones implica un serio riesgo para el derecho de defensa de los tres caciques”.