“Las mujeres indígenas de Argentina luchan contra las violaciones racistas” es el título -en castellano- del informe de Louise André-Williams. Fue publicado el 22 de enero de 2023 en el sitio web Mediapart y acá reproducimos su versión traducida.
Laurentina Nicacio, 28 años, lleva más de tres horas en auto por caminos pedregosos, en medio de enormes campos de soja rociados con pesticidas. A finales de 2022, hace 44 grados a la sombra en Salta, una vasta provincia que se extiende desde los Andes hasta la frontera con Paraguay. Aparte del ruido blanco de los aspersores automáticos, la vida parece haberse evaporado de estas tierras. “Es difícil de imaginar, pero todavía hay gente viviendo allí», dice Laurentina. Son el último pueblo que no ha sido expulsado por la deforestación”.
La joven pertenece al pueblo wichi, uno de los 34 pueblos indígenas reconocidos oficialmente por el país. Desde hace cuatro años, viaja por la región para escuchar las voces de las jóvenes violadas, todas ellas pertenecientes al mismo grupo étnico que ella. Desde que emprendió esta lucha, actuando como intérprete wichie voluntaria en las comisarías, esta mujer de 28 años, madre de dos niños pequeños, tiene problemas para dormir. La insultan y amenazan con regularidad. «Por la noche, los hombres o sus familias gritan bajo mi ventana para intimidarme», dice en un suspiro.
Un cartel de madera señala por fin el pueblo que buscaba. Hace una semana, un residente la alertó sobre una niña de 13 años, Paulina*, cuyo testimonio estaba intentando recoger. Salía del colegio cuando un hombre de unos 40 años presuntamente la violó. Ahora amenaza con matarla si le denuncia.
Laurentina recibe decenas de denuncias como esta cada mes desde que en 2019 puso en marcha su asociación para ayudar a estas chicas, en un contexto de concienciación nacional sobre el «chineo». Es aquí, en esta región del norte de Argentina que concentra la mayor población de pueblos indígenas, donde un juicio histórico encendió la chispa de la revuelta en la que ahora se ve envuelta la joven y que hoy moviliza a juristas e investigadores: el «juicio Juana», un caso de violación en grupo cuyas repercusiones aún perduran.
Los hechos se remontan a 2015. La víctima, una niña de 12 años de una comunidad de Wichie, había salido a comprar pan con dos amigos. De repente, aparecieron nueve hombres. Sus amigos lograron escapar, pero ella no. La violan varias veces, la drogan y la dejan sola en medio de un bosque. El asunto se convierte en un escándalo nacional cuando, seis meses después, la niña, a la que se ha denegado el aborto, da a luz un feto anencefálico. «Juana» consigue identificar a los culpables: «criollos» de su pueblo, es decir, hombres que se definen como blancos.
Martín Yañez, antropólogo llamado a declarar como perito durante el juicio, convenció a los jurados de que no se trataba de una violación en grupo «ordinaria» de una menor, sino de un caso típico de chineo, delito racista que tiene su origen en la historia colonial del país. “En las crónicas de los españoles que llegaron al continente en el siglo XVI, ya hay huellas de estas violaciones de mujeres indígenas», informa. “Delitos en los que entra en juego la categoría de raza”.
Se trata de la supuesta superioridad natural de los españoles y, según su sistema de castas, de sus descendientes nacidos en el continente sudamericano: los criollos.
Una violencia heredada de la colonización
Estas violaciones, lejos de desaparecer con la caída del Imperio español, han continuado hasta nuestros días, en una práctica trivializada que los hombres blancos del Norte llaman chineo. El reconocimiento de la dimensión racista de la violación de ‘Juana’ llevó a la condena en 2019 de seis acusados a 17 años de cárcel, y a la declaración de responsabilidad penal de otros dos que eran menores en el momento de los hechos. Uno sigue en libertad. Es la primera vez que una de estas violaciones, que rara vez se juzgan, va seguida de penas tan severas.
El mundo urbano se escandalizó al descubrir la existencia del chineo. En este inmenso país adormecido por el mito de una Argentina blanca cuya población desciende, según el adagio popular, de los «barcos de Europa», las poblaciones indígenas y negras siguen siendo marginadas en los medios de comunicación.
No existen cifras que documenten esta lacra. Sólo los gritos de alarma de las mujeres indígenas que, cansadas de ser ignoradas, han decidido pasar a la acción. El 22 de mayo de 2022, se reunieron en un pueblo de Chicoana, en el sur de la provincia de Salta, para, según sus palabras, «dar un ultimátum al gobierno argentino».
En este pueblo enclavado al pie de los Andes, 250 mujeres wichí, chorote, guaraní y mapuche, de un total de 36 pueblos indígenas, se reunieron en la pequeña escuela de la calle principal para organizar un «parlamento», con grupos de trabajo para relatar, en sus propias lenguas, las violaciones que habían sufrido. A continuación, pusieron en común sus conclusiones en una sesión plenaria y, en una declaración conjunta, exigieron que el chineo sea considerado por la justicia argentina como un «delito de odio, imprescriptible y punible con las penas máximas».
Desde entonces, han empezado a surgir reacciones políticas. En noviembre pasado, la senadora Nora Giménez, integrante de la coalición oficialista, presentó un proyecto de ley para «tipificar la violencia que sufren las mujeres, adolescentes y niñas indígenas, en sus diversas formas, como una forma específica de violencia […] teniendo en cuenta las múltiples formas de discriminación que padecen», proponiendo, entre otras cosas, que los juzgados y comisarías cuenten con traductores bilingües que dominen sus lenguas originarias. La provincia de Salta ha puesto en marcha un programa de sensibilización sobre Chineo en las escuelas.
Moira Millán, escritora y activista del pueblo mapuche y figura destacada en Argentina en la lucha por los derechos indígenas, estuvo presente en el «parlamento» de Chicoana y aún le atormentan los testimonios que allí escuchó. Ahora lleva la lucha a Europa -promueve allí la campaña «Basta de Chineo», lanzada en 2020-Millán la ve como una lucha más amplia contra lo que su movimiento (Mujeres Indígenas por el Buen vivir) ha denominado «terricidio», «todos los medios por los que el sistema destruye la vida».
La impunidad de estas violaciones es el resultado de una «lógica genocida», afirma, de la que es consciente el Estado argentino: «La falta de agua, de alimentos, de transporte público, el aislamiento de estas mujeres y de sus comunidades, la destrucción de sus tierras, de su espiritualidad… Es el signo de una colonialidad que habita el poder y garantiza la impunidad y la perpetuación de estas violaciones». Un pueblo donde la segregación es visible en todas partes.
«Colonialidad»: esta palabra cobra todo su sentido cuando, siguiendo la estela de Laurentina, descubrimos por fin el pueblo donde se denunció la violación de la pequeña Paulina. Bajo un calor sofocante, la geografía del lugar muestra una segregación visible a simple vista.
A un lado, los nativos, un centenar, y sus chabolas -unas cuantas ramas rematadas con lonas de plástico que vuelan al menor mal tiempo-, al otro, los criollos, una treintena, y sus sólidas casas, a veces rodeadas de un pequeño jardín limpio.
Los wichis, a menudo familias numerosas, sobreviven principalmente de la asistencia social, pero en esta zona esto ya no es suficiente. Las tasas de desnutrición y mortalidad infantil están alcanzando niveles récord, lo que ha llevado a la ONU a calificar la situación de las comunidades wichi de Salta en 2020 como una «crisis humanitaria comparable a la de Sudán del Sur».
El territorio de los criollos se materializa con frecuencia en una escuela o una comisaría de policía, símbolos de la conquista de estas tierras rebeldes por el Estado argentino a principios del siglo XX. Estos hombres blancos, a menudo pobres, disfrutan de un estatus económico superior al de los indígenas. Trabajan en la tienda de comestibles local, como trabajadoras agrícolas o en instituciones locales (comisaría, ayuntamiento): es este poder local el que garantiza la impunidad de los violadores, afirma Laurentina. Coincidiendo con Moira Millán, subraya que la destrucción del bosque y del modo de vida wichi, en favor de una agricultura intensiva basada en el trabajo estacional, es en parte responsable del aumento de las violaciones. «Es fácil para estos trabajadores, desaparecen de la zona de la noche a la mañana, y luego otros vuelven a empezar», lamenta. Según el testimonio de la vecina que la alertó, Paulina fue violada por un temporero blanco en un campo cercano.
En las calles del pueblo no se encuentra a la chica. A pesar de la determinación de Laurentina, sus preguntas se topan sistemáticamente con el silencio de los vecinos: nadie, aparte de la vecina que la alertó y que teme ser vista con ella, sabe nada al respecto. Incluso la profesora de la pequeña escuela, abandonada por la adolescente desde su ataque, finge no saber nada, abriendo exageradamente los ojos.
«Tiene miedo», se lamenta Laurentina, y no puede culparla: en 2014, una maestra de escuela del sur de la provincia fue asesinada de un escopetazo en el pecho por intentar proteger a una joven wichie de un violador criollo. El sol está declinando. Tenemos que volver a la carretera. Laurentina promete volver la semana que viene, antes de que las lluvias torrenciales de diciembre hagan inaccesible la aldea.
Una asamblea general y un partido de fútbol
A pesar del viento de protesta que sopla ahora por estas tierras desoladas, el miedo sigue amordazando a las mujeres de la región de Salta. En Pluma del Pato, un pueblo no lejos de allí, 25 mujeres wichi se reunieron en asamblea en febrero de 2022 y escribieron una carta a las autoridades para exigir justicia: sus hijos, denunciaron, nacieron todos de violaciones cometidas por criollos.
Cuatro de ellas presentaron una denuncia, mientras que otras nueve recurrieron a la justicia para obtener ayuda económica de sus violadores. Un año después, varias víctimas, aterrorizadas, renunciaron finalmente a la idea de la acusación. El propio Luis Gerardo Veliz, abogado de varios de ellos, fue objeto de presiones por parte de los criollos.
Cuando Laurentina regresó por fin a su pueblo de Ballivián, tras horas de búsqueda infructuosa, un sol rojo brillaba sobre los campos. Agotada, se dirige al campo de fútbol, iluminado por la fría luz de grandes farolas. En Argentina, en esas comunidades del norte donde no hay agua potable, ni alimentos, ni acceso a la salud y a la justicia, siempre hay un campo de fútbol…
Caminando sobre la tierra ocre sembrada de residuos plásticos, Laurentina explica que quizá haya encontrado la manera de soltar la lengua a las chicas sin despertar demasiadas sospechas entre los criollos. Hace un año, tuvo la idea de crear un equipo de fútbol exclusivamente femenino en su pueblo. Grupos de chicas entran en el campo. Algunos llevan camisetas de Maradona, otros de Messi, pero la mayoría visten simples camisetas. Son las 9 de la noche: comienza su entrenamiento diario.
En el borde del campo, Laurentina controla a uno de ellos. Tiene 13 años y fue violada hace dos meses por un pastor criollo local. Gracias a una manifestación organizada por el equipo de fútbol en octubre, que movilizó a más de 300 personas del pueblo, su familia decidió finalmente presentar una denuncia.
La formación está llegando a su fin. Mañana, el equipo jugará por primera vez contra otras mujeres indígenas que, entusiasmadas con su idea, también han creado su propio club: Las Mujeres de Pluma del Pato, el pueblo donde la omertá había disuadido a las víctimas de presentar una denuncia. Laurentina espera reavivar su lucha, impulsada por la solidaridad entre las comunidades de mujeres de las aldeas.
Mientras espera el partido de mañana, observa con emoción cómo las jóvenes salen en pequeños grupos por las calles de Ballivián, sus risas desafían a la noche y quizá a los violadores que allí se esconden.
