No habrá primarias en las elecciones anunciadas para abril de 2023. Los opositores al Gobierno tienen razón cuando impugnan la medida, pero lo cierto es que ahora tendrán que dirimir candidaturas de una forma que no suelen practicar: civilizadamente. (Daniel Avalos)
Concluye la novela salteña de las PASO. Podría haberse titulado la “indefinición planificada”. Empezó con legisladores oficialistas anunciando proyectos de ley para eliminarlas, siguió con rondas de diálogos con partidos políticos salpicados de cambios de marcha, frenos y nuevos aceleramientos que orientaban la trama hacia el desenlace preestablecido que comenzó a concretarse el martes, cuando la Cámara de Diputados dio media sanción a la suspensión. ¿Para qué tantos rodeos? Aventuremos una respuesta: para que la oposición tarde un poco más en definir los mecanismos que le permitan montar armados y fórmulas electorales. Un movimiento táctico de la política chica al que toda la oposición calificará de poco ética. Tendrán razón, pero no es menos cierto que a los oficialistas no les importa la impugnación. En público dirán que todo se ajusta a derecho y en privado celebrarán ese y cualquier otro movimiento que acerque a Gustavo Sáenz a un triunfo cómodo y en lo posible contundente.
La suspensión de las PASO confirma que la capacidad electoral de los oficialismos es enorme y más en provincias como la nuestra, en donde las instituciones son débiles, casi todos dependen del Estado y los “jefes” se convierten en “Dones” que se aseguran una enorme influencia política sin necesidad de recurrir a fraudes. A esas ventajas, el oficialismo debe sumar el rol autodestructivo de la oposición salteña. Para no maltratar a las palabras, recodemos lo que ya advertimos en una nota anterior: acá hay opositores más no oposición. No es lo mismo una cosa y la otra. El opositor cuestiona e impugna las políticas oficiales, pero mostrándose incapaz de vetar las políticas que maldice menos aún puede presentarse como alternativa a lo imperante. Habrá que admitir entonces que el movimiento ejecutado por el oficialismo impacta en la carpa política salteña por los límites de ese tipo de oposición.
Para confirmarlo sumerjámonos al interior del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Del primero resaltemos que desde octubre de 2019 no protagonizó nada parecido a un logro político. En las legislativas nacionales de ese año se impuso el ahora senador nacional Sergio Leavy, cuyo mérito fue administrar su capital político para encabezar la lista. Una vez allí dejó que el fracaso de la gestión Macri y las expectativas que generó la fórmula de los Fernández lo depositaran en el Senado nacional. Un mes después busco la gobernación y recibió una paliza electoral a manos de Gustavo Sáenz. Comenzó entonces un derrotero protagonizado por dirigentes que incluía a pequeños traficantes de empleos públicos y setentistas apasionados por lo imposible. Los primeros desplegaron enormes esfuerzos por quedarse con la mayoría de los cargos nacionales; los segundos impugnaron la voracidad. Sólo la euforia por el triunfo nacional y las apelaciones a la unidad evitaron que el FdT salteño estallara, pero la sospecha se volvió regla y obturó las posibilidades de diagramar caminos que permitieran a los distintos sectores caminar juntos hacia objetivos compartidos.
El desaguisado afectó el armado electoral para los comicios provinciales y nacionales del año 2021, que también se desdoblaron. Ni siquiera el arribo de un referente nacional con intenciones de ordenar desde arriba pudo con los salteños. Hablamos del ministro del Interior, Wado de Pedro, que llegó a la provincia en marzo de aquel año. Esa vez escuchó el reclamo de la dirigencia local por el coqueteo nacional con el gobernador Sáenz, dirigentes locales que se presentaron cómo los representantes genuinos del proyecto nacional y reclamaban apoyo para el candidato que ellos eligieran para disputar la diputación nacional de octubre. El ministro ensayó una respuesta testimonial. Les relató sus orígenes militantes en el pueblo bonaerense de Mercedes, recordó cómo su grupo encaró entre el 2004 y 2005 a Carlos Kunkel para explicarle que ellos eran los intérpretes del proyecto de Néstor, de lo justo que era monopolizar apoyos para imponerse al peronismo ortodoxo de Buenos aires, de cómo Kunkel prometió transmitir la demanda al presidente y la respuesta de éste: militen, construyan poder, ganen elecciones y la exclusividad estará garantizada.
Nada de eso ocurrió en Salta. En las provinciales de agosto el espacio se desgranó en tres frentes electorales que hasta judicializaron la denominación. Los resultados fueron lapidarios. Alcanza con recordar los números de la capital salteña. La candidata a senadora “oficial” –Pamela Ares- arañó el 9% de los votos a pesar de haber aterrizado en la provincia con el mismísimo presidente de la Nación que venía a celebrar el Bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes; el porcentaje se encogió a 7% en la categoría Diputados en donde apenas se retuvo una banca; y en el Concejo Deliberante perdieron las dos que controlaban al cosechar un flaco 4%. En las nacionales de octubre Emiliano Estrada -el candidato bendecido por Wado de Pedro y que no fue objetado por el gobernador- se impuso montando un armado y un diseño de campaña en la que casi no participaron los partidos del Frente. Hoy el desconcierto se ha profundizado por varias razones: el gobierno nacional no cuenta con el prestigio de sus primeros años, prefiere no pelearse con mandatarios que puedan ser útiles para las presidenciales del 2023 y el vínculo entre Sáenz y la gestión nacional se refuerza con la emergencia del nuevo “súper ministro” Sergio Massa. La combinación confunde a la dirigencia provincial que no sabe si debe ser opositora a Sáenz o sumarse al provincialismo que éste promueve como lo explicitara hace poco Sergio Leavy.
Juntos por el Cambio también carga con sus complicaciones. Es cierto que corre con un par de ventajas no menores. Asegurar que prefieren morir calcinados antes que someterse a la arrogancia “K” constituye una definición que ordena el discurso y la acción; asumirse como opositores a Sáenz también. Lo último se reforzó con el comunicado difundido ayer por la Mesa Nacional de JxC que tras denunciar el “amedrentamiento K” contra jueces y fiscales, condenan la “anulación” de las PASO en Catamarca y Salta. El documento fue rubricado por referentes nacionales de peso como Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta y hasta el mismo Juan Carlos Romero.
El problema es que algunos de los dirigentes provinciales de ese espacio se parecen a futbolistas que prefieren perder 5 a 1 con un gol propio en vez de ganar 1 a 0 con el tanto de cualquiera. Lo estrafalario tiene explicación política: los halcones telúricos del PRO carecen de la apertura que declaman figuras como Rodríguez Larreta y reivindican como Mauricio Macri a los químicamente puros. A ello se suma la falta de un candidato fuerte y de un armador respetado. Sobre lo primero digamos que sus principales referentes –Martín Grande del PRO, Miguel Nanni de la UCR o Carlos Zapata de Ahora Patria– no logran todavía sintetizar las aspiraciones colectivas del antiperonismo salteño. Sobre lo segundo, quien podría definir objetivos y trazar caminos para alcanzarlos es el ex gobernador Juan Carlos Romero, que durante meses se mostró poco dispuesto a romper su acuerdo con el gobernador para los comicios provinciales.
Una digresión se impone. Servirá para decir que quienes desean que esto ultimo ocurra albergarán hoy más optimismo que hace un mes tras la escalada de cruces que tensionan a las partes de ese acuerdo. Comenzó con la publicación de El Tribuno denunciando el sorteo de tablets en un evento organizado por Emiliano Durand e impactaba directamente en el gobernador que participa de esos eventos; continuó con el anuncio del Procurador General de desarchivar la causa “La Cienaga”, que tuvo como procesado al ex gobernador Romero, escalada que continuó cuando el diputado Juan Esteban Romero -hijo del senador nacional- le pidió a una diputada oficialista que denunciara con igual énfasis la causa “Huergo”, un proceso judicial que pone el foco en la administración municipal durante la gestión de Sáenz. Todo parece enmarcarse en una contradicción política-electoral de cara al 2023: el romerismo pretende que ningún oficialista con vuelo propio le dispute la intendencia a Bettina Romero mientras el saencismo considera que el momento requiere ampliar la coalición en vez de achicarla. Traducido: no estarían dispuestos a vetar candidaturas.
Hecho el rodeo, cerremos estas líneas remarcando que hasta ahora en Juntos por el Cambio no hay un sector o dirigentes capaces de tomar las riendas del conjunto, aunque sí pueden vetar al socio y entorpecerlo todo. Ejemplo: hace dos semanas, las fuerzas que integran esa coalición conformaron la Mesa Provincial que designó como coordinadora a la macrista Inés Liendo que duró en el cargo un par de días. Los radicales cuestionaron la designación y la “Mesa” emitió su primer comunicado para informar que todo se aplazaba.
Episodios como esos dificultan la posibilidad de imaginar cómo dirimirán candidaturas para los comicios ejecutivos de 16 de abril del 2023 ahora que las PASO serán suspendidas. Por razones que acá también tratamos de abordar, igual dificultad nos invade al pensar cómo lograran hacerlo en el Frente de Todos.
