domingo 21 de abril de 2024
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Trata de personas | Las porosidades de la frontera argentino – boliviana

Se estima que por el paso fronterizo La Quiaca – Villazón se cruzan a 900 adolescentes diarios de modo ilegal. En Argentina hay más de 6 mil casos de desapariciones y muchos de ellos son de chicas y chicos de La Quiaca.

Juan Ignacio Provéndola publicó en Página 12 un informe sobre ese paso fronterizo que a través del puente internacional Horacio Guzmán une Argentina con Bolivia. El informe, sin embargo, destaca que el tránsito es más fluido por el río que por el mismo puente que une La Quiaca con la localidad boliviana de Villazón.

Ese tramo del río es “el paso natural de personas que viven en una ciudad y trabajan en la otra, de los mochileros que sueñan unir la Patria Grande bordeando los cordones montañosos y de quienes se dedican a una de las actividades más habituales de toda zona fronteriza: el tráfico de objetos y sujetos” precisa el cronista que indica que las oficinas migratorias registraron en 2017 el tránsito de casi un millón y medio de personas aunque es imposible contabilizar a los que lo hicieron por un río cercado de alambres caídos.

Según diversas ONGs dedicadas a la trata de personas coinciden en estimar un flujo diario de 900 menores de edad cruzando la frontera de manera irregular. “El caso más emblemático fue el de Antonella, una nena quiaqueña de 14 años que fue encontrada por su madre en un prostíbulo de Potosí, la octava ciudad boliviana más poblada. Fue en diciembre de 2013”, destaca el artículo publicado en el día de ayer.

En Argentina se buscan actualmente 6 mil personas con denuncia de averiguación de paradero, una carátula que por lo general le baja la gravedad a la situación de personas retenidas por redes de explotación sexual y laboral. En contraste, los condenados por estos delitos en Argentina no llegan a las dos centenas.

Varios de esos casos pertenecen a chicas y chicos nacidos o criados en La Quiaca. “Lo grave es que las respuestas políticas no son más alentadores. Mientras los familiares de las víctimas piden asistencia jurídica o contención institucional, el gobierno nacional está más ocupado en promover una zona franca para seguir eliminando controles, aunque en verdad La Quiaca necesite reforzarlos”, finaliza el artículo.

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