Hay cifras que confirman que el campo no somos todos. Los números de explotación laboral en el sector rural crecieron en todo el país y nuestra provincia se encuentra en el grupo en donde la precariedad es aún peor.
Los números de explotación laboral en el sector rural durante la gestión de Cambiemos son contundentes. A partir de pedidos de acceso a la información pública realizados por PáginaI12 ante el Ministerio de Industria y Trabajo y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, el periodista Sebastián Premici publicó un informe donde “precisó que el trabajo informal en el campo ascendió al 44% en promedio entre 2016 y 2018, con picos de 85% en algunas provincias.
Los datos surgen de las 7068 inspecciones realizadas entre 2016 y 2018 en todo el país y de ellas, un 58% registró algún grado de irregularidad. Los trabajadores relevados en este período fueron 61.057 y la informalidad laboral detectada fue la siguiente: un 43% en 2016, 46% en 2017 y un 43% en 2018 lo que hace un promedio del 44% en los últimos tres años. Ello supone que más de 26.800 trabajadores y trabajadoras fueron encontrados en condiciones de informalidad.
Según el informe, en promedio, las irregularidades detectadas en las inspecciones son mayores que los trabajadores hallados en condiciones de informalidad. “Las jurisdicciones con mayor nivel de irregularidades detectadas en las inspecciones fueron las siguientes: La Rioja (83%), Neuquén (78%), Tucumán (77%), Salta (70%), San Juan (69%), Mendoza y Misiones (68%)”, destaca el escrito de Premici que a la hora de precisar los distritos con mayores grados de de informalidad detectadas entre 2016 y 2018 indica lo siguiente: Chaco (85%), Catamarca (66%), Tucumán (62%), Santiago del Estero (60%), San Juan (56%), Salta (55%) y La Rioja (47%).
Los problemas detectados no sólo implican la ausencia de registración sino que pueden abarcar distintas falencias dentro de los establecimientos o la violación de las obligaciones patronales estipuladas en la Ley 26.727 (estatuto del peón rural sancionado en diciembre de 2011), como por ejemplo acceso a agua potable, condiciones de salubridad, vivienda digna, entre otras. PáginaI12 quiso saber el grado de incumplimiento de la Ley 26.727 pero la cartera laboral carece de esa información, según las respuestas brindadas en dos pedidos de acceso a la información pública.
