Carlos Morello – Director del Ente Regulador de los Servicios Públicos – habló de las presiones que genera en el precio de los servicios la guerra en Europa y el acuerdo del gobierno nacional con el organismo internacional.
El fantasma del faltante de gas y la suba del precio es una “amenaza real” para uno de los directores del Ente Regulador de Salta, Carlos Morello. “Si uno lee a algunos analistas nacionales y charla con empresarios vinculados al rubro energético en Salta concluye que la posibilidad de que falte gas durante el invierno sobrevuela en la provincia. Si eso ocurre afectaría la provisión de gas domiciliario, también en la producción e incluso en la generación de energía eléctrica porque los motores de las turbinas que producen electricidad funcionan con gas” advirtió hoy el funcionario en el programa CUARTO OSCURO que se emite por FM La Cuerda (104.5).
Morello resaltó que si la guerra entre Rusia y Ucrania se dilata en el tiempo el problema se profundizará en el mundo y en Argentina porque somos un país importador de gas. “Es increíble porque en el norte de la provincia tenemos una de las cuencas gasíferas más grandes de la región y también está Vaca Muerta en donde la explotación está más avanzada. Pero al no poder sacarlo todavía, debemos importar gas que llega por gasoductos y gas licuado que llega en barcos. Con el costo de fletes en alza y la guerra entre Rusia – Ucrania que son productores la situación es complicada”, enfatizó.
Puesto a opinar sobre las herramientas con las que se cuenta para atenuar la situación, Morello destaco el acuerdo del gobierno nacional con Bolivia para incrementar el cupo del recurso que llega a nuestro país, pero remarcó que deben combinarse más variables para que las perspectivas mejoren. No obstante, celebró que una de las tareas que el Ente Regulador de Servicios Públicos impulsa desde hace un año llegara a buen puerto.
“Escapa a nosotros [el Ente] cuestiones vinculadas a políticas energéticas, pero sí hemos insistido desde el año pasado con la puesta en marcha de una red de energía eléctrica que llega desde Bolivia. Ahí tenemos buenas noticias: esa red que se construye desde hace muchos años y se suspendió durante el gobierno de Macri por problemas diplomáticos, volvió a avanzar y antes del invierno estaría en funcionamiento según información que manejamos en el Ente Regulador. Eso traería un alivio a la situación energética del norte de la provincia. Eso es algo que puede celebrarse producto de las gestiones que hicimos desde el Ente y otros estamentos del gobierno provincial”, adelantó.
Consultado sobre cómo trabaja el organismo parte para disciplinar la suba de tarifas, el funcionario explicó que la puja que mantienen con las empresas proveedoras de gas y electricidad es fuerte por la guerra en Europa del Este pero también por lo que el Fondo Monetario Internacional exige al gobierno nacional tras la firma del acuerdo con ese organismo financiero.
“El FMI incluyó entre las cláusulas que el Estado nacional retire o empiece a retirar los subsidios a la energía. Recodemos que cada uno de nosotros paga alrededor del 35% de lo que cuesta la energía. Los ricos, los pobres y los de clase media tenemos subsidiados el 65% del costo de la electricidad desde hace muchos años. El FMI exige que los usuarios empecemos a pagar más, el gobierno nacional ha empezado a retirar los subsidios y esa tendencia no va a parar. Ya hubo un aumento de la parte de la tarifa que regula el gobierno nacional hace un mes. Ahora el gobierno nacional va a convocar a Audiencias Públicas para fijar nuevos aumentos en la parte que regula y a fin de año – según el acuerdo – volvería a aumentar las tarifas. Insisto: una parte de la tarifa eléctrica es regulada por el gobierno nacional y otra por el gobierno provincial, es decir nosotros desde el Ente Regulador”, precisó.
En ese punto, Morello explicó que desde el organismo provincial ya trabajan al respecto. “Ayer hicimos la Audiencia Pública y la empresa pidió el 37% de aumento. Nosotros vamos a analizar y como lo venimos haciendo pondremos sobre la mesa la situación social. Hay que buscar un punto de equilibrio entre lo que puede pagar la gente y los costos de la empresa. Estamos haciendo eso: el acuerdo del FMI con el gobierno no puede impactar de lleno en el bolsillo de los salteños. Los mecanismos que tenemos es el análisis para que la empresa no traslade todos los costos inflacionarios que tiene al usuario”, sentenció.