Benigno López es titular del Frente Nacional Campesino. Hoy habló con CUARTO OSCURO sobre el juicio a Lucía Ruíz y tres campesinos de Rivadavia Banda Norte que resistieron la usurpación de una empresa.
Lucía Ruiz es un referente de la asociación ‘Unión y Progreso’ de la localidad de Morillo, en el departamento de Rivadavia Banda Norte. También integra una de las organizaciones nacionales de la agricultura familiar: la FONAF (Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar). Junto a sus compañeros Carlos Guerra; Omar Cruz y Antonio Guerra comenzaron a ser enjuiciados en el día de hoy por un tribunal de Tartagal. Los acusan de robo en despoblado, coacción con armas, abuso de armas y daños en concurso real.
Lucía recibió en 2019 la distinción Berta Cáceres por su lucha por el medio ambiente y la tierra para el campesinado. Ella y sus compañeros fueron denunciados en el año 2015 por Bernardo Castellanos y otros que afirman haber sido golpeados, intimidados de manera violenta y que terminaron con la camioneta de sus empleadores baleada. Los denunciados, en tanto, adujeron que el día del conflicto decidieron parar las máquinas desmontadoras que habían ingresado al territorio que poseen familias que viven en el lugar desde siempre.
CUARTO OSCURO (FM La Cuerda 104.5) dialogó hoy con el secretario General del Frente Nacional Campesino que explicó el marco en que se produce el juicio. “Nuestra postura es que la forma en que ella llega al juicio es un modus operandi de las empresas privadas que pretenden quedarse con todas las tierras de los campesinos. No es una cosa propia del Chaco salteño porque pasa en todo el país. En el caso de Lucía y sus compañeros, chocan con una empresa que quiere quedarse con la tierra e incluso desmontar. ¿Cómo se defienden las empresas usurpadoras? Acusando a las y los referentes campesinos, inventando causas y si es posible llevando a juicios a los dirigentes como en este caso. Esto es posible porque las empresas privadas tienen cómplices. Esto forma parte de una asociación ilícita entre empresas privadas, estudios jurídicos, escribanías, miembros de la policía, integrantes del poder judicial y políticos que salen de todos los partidos políticos. En todos hay posturas en favor de este modelo de producción y avasallamiento contra los derechos campesinos”, enfatizó Benigno López.
Consultado sobre cómo se concreta tal avasallamiento, López relató. “Es común en el Chaco salteño y en la ruta 81 que aparezca una empresa con una escritura. Dice haber comprado el lugar a otro empresario que nunca conoció el lugar, pero que a la vez dice poseer una escritura más antigua. La verdad es que algún amigo político haya premiado a esa persona en algún momento de la historia con tal escritura. Después caen al lugar con la fuerza policial, la orden de desalojo firmada por algún juez y siempre actúan por la fuerza. A veces llegan hasta con topadoras. Cuando el campesino resiste, trata de defenderse a través de la justicia y no abandona sus pertenencias pasa lo de Lucía Ruiz: las empresas con sus amigos inician causas judiciales y si es posible meten presos a los dirigentes. En el caso de Lucía y sus compañeros nosotros estamos convencidos que se trata de una causa armada”, resaltó.
López informó que son muchos los campesinos y campesinas absueltas en causas de este tipo, espera que ocurra lo mismo con la dirigente salteña y celebró que el caso se haya nacionalizado a partir del compromiso de organismos de Derechos Humanos, partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales. “La mayoría de las veces los campesinos y sus cooperativas enfrentan bastante solos este tipo de cosas. No es común que los organismos de DDHH se ocupen de los problemas de campesinos. Por eso celebramos y felicitamos a los que hoy están acompañando”, destacó.
Puesto a opinar sobre las condiciones que explican esta lucha permanente entre campesinos con el poderoso bloque de Poder al que hizo referencia, Benigno López explicó. “Es violenta la situación que vivimos porque la pobreza es grande y la inseguridad en la tenencia de la tierra también. Es así desde la Reforma de la Constitución de 1994. Esa vez la nación delegó en las provincias la resolución de conflictos vinculados a los recursos naturales, pero las provincias no hacen casi nada – y Salta está entre las peores – para regularizar la tenencia de la tierra de las familias campesinas. Eso facilita el atropello de empresas provinciales, nacionales y extranjeras que se quedan con la tierra y meten topadoras para desmontar. Los gobiernos provinciales, sean del color que sean, facilitan el atropello de las empresas privadas contra las poblaciones campesinas e indígenas. Incluso, fomentan conflictos internos en los territorios”, advirtió.
