Lo dijo el abogado de los padres de la bebé sustraída la semana pasada en el Hospital de Tartagal. Miembros de comunidades también sostienen la inocencia de la imputada y piden mayor información a las autoridades judiciales.
Referentes de comunidades indígenas cuestionaron ayer la detención de una joven originaria wichí de 23 años sospechada por la sustracción de una beba del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Incluso una prima del padre y la madre de la beba sustraída, Laurentina Nicasio, comentó que hasta ayer ni la familia de la joven acusada, ni la familia de la beba, lograron tener mayor información de las actuaciones judiciales. “Quiero hablar con ella como madre y como mujer en mi lengua materna”, sostuvo Nicasio, referente de comunidades originarias de Ballivián.
En comunicación con el periodista Julio Nogales, el cacique y padrastro de la detenida, Cándido Mansilla, manifestó que a las 7 de la mañana del viernes 14 de julio, cuando la nena fue sustraída del Hospital, “ella (la detenida) estaba en la casa de su suegra”, ubicada en la Comunidad Lapachos 2. “Hay testigos que lo pueden decir”, añadió la madre de la acusada, Rosana Morán. El padrastro y la madre se mostraron molestos con Ángel Torres, padre de la beba sustraída, porque le endilgaban avalar la detención de la joven. “Hay gente que dice que él recibió plata y se calló”, afirmaron.
Las dudas en la investigación también fueron expuestas por el abogado de los padres de la beba sustraída, Rambert Ríos, quien, según consigna la sección local del diario Página 12, acusó a los fiscales Rafael Medina y Pablo Cabot y a la fiscala Lorena Martínez que investigan el caso: «Me cerraron la puerta en la cara para que no esté en la audiencia de esta mujer”, afirmó al sostener que habría existido una intimidación para que Torres firmara algo «que no entendía». Añadió que el juez Fernando «Mariscal Astigueta le dijo telefónicamente a Medina que me debían dejar entrar. Son unos delincuentes», insistió.
Tras presentarse nuevamente como querellante, el abogado advirtió que hará las denuncias correspondientes contra los tres fiscales.
Anoche, la Procuración General de Salta emitió un comunicado avalando la actuación de los funcionarios al considerarla como «eficiente y exitosa». «El trabajo riguroso y minucioso de los fiscales no solo ha permitido tomar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad de la menor (de edad) afectada y su familia, sino que también ha llevado a la detención de una persona sospechada del delito mencionado, a la que ya se le recepcionó la respectiva audiencia de imputación conforme a las formalidades y previsiones del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta», indicó la Procuración.
