Greenpeace denunció un desmonte ilegal de 75 hectáreas en la Reserva Nacional Pizarro. La misma fue creada por nación luego que J.C. Romero desafectara esas tierras de su condición para rematar lotes a empresarios sojeros.
“Desmonte ilegal en Salta, lindero a la Reserva Nacional Pizarro. Documentamos un desmonte ilegal de 75 hectáreas en la Categoría I – rojo, máxima protección en la Ley Nacional de Bosques, a sólo 5 kilómetros de la Reserva Nacional Pizarro, Salta”, detalló con estilo telegráfico la cuenta de Facebook de la organización ambientalista Greenpeace.
En el mismo parte se dio cuenta que según las imágenes satelitales, la deforestación habría ocurrido entre enero y mayo, mientras el método empelado fue el incendio. Hernán Giardini declaró a la sección local del diario Página 12 que vecinos de la zona declararon que al notar los incendios se habían comunicado de la situación a la Policía y la Secretaría de Ambiente de la provincia, “Pero al parecer nadie apareció”, declaró.
En la zona se destacan árboles como cebil colorado, palo borracho, algarrobo, quebracho, duraznillo, palo blanco palo amarillo, tipa y se recordó que este es uno de los últimos sectores de Selva Pedemontana de Yungas, en un departamento altamente deforestado por la agroindustria. De hecho, la Reserva quedó rodeada de desmontes que se generaron durante el boom sojero.
La historia reciente de la reserva y el desmonte van de la mano y comenzó durante la gestión del gobierno de Juan Carlos Romero. En abril del 2005, el entonces gobernador desafectó la condición de “reserva provincial protegida” a los lotes 32 y 33 de General Pizarro (Anta) para ser vendidos en siete parcelas de más de 2.000 hectáreas cada una a empresario sojeros. La situación generó movilizaciones de todo tipo y terminó pariendo un acuerdo entre el Estado Nacional y el provincial firmado el 14 de octubre de 2005. Por el mismo la provincia de Salta acordó ceder lo que quedaba de la reserva a la nación, aunque recién el 28 de diciembre de 2010 y mediante la sanción de la ley n.° 7654 el Estado salteño transfirió a favor del Estado Nacional la jurisdicción de dicha reserva, paso previo para que pudiese iniciarse el trámite parlamentario nacional correspondiente.
Volviendo a lo actuado por Romero, hay que decir que aquella desafectación y otras autorizaciones de desmontes realizadas en noviembre del 2007 – un mes antes de que Romero abandone el poder en Salta – deslizaron al entonces diputado nacional Miguel Bonasso a pedir el tratamiento urgente de la ley de Bosques finalmente aprobada por el congreso de la nación. “El gobernador Romero había aprovechado la demora en el Senado para autorizar el desmonte de 478 mil hectáreas de bosques nativos, en beneficio de terratenientes argentinos y texanos” escribió Bonasso en su libro “El Mal” publicado en el año 2001 por Editorial Planeta.
Ante ello, el 21 de noviembre del 2007, el senado nacional dio la media sanción que mezquinaba desde junio de ese año cuando la ley fue aprobada por los diputados de la nación. La ley reconocía la emergencia forestal y suspendía los desmontes hasta que se realizara un ordenamiento territorial que debía establecer qué selvas debían preservarse sin alteración alguna (identificadas en el mapa con el color rojo), cuales podían desmontarse parcialmente (identificada con el color amarillo) y cuáles eran los bosques que podían talarse sin restricciones (identificadas con el color verde).
Como los hechos vienen mostrando, la voracidad de los terratenientes y la desidia de los gobernantes hace que la ilegalidad sea la norma.