Lo dijo Fidel Puggioni, del movimiento la Dignidad Salta. Aseguró que las carencias alcanzan a la capital y al interior provincial. La organización mantiene el 80 por ciento de sus espacios de contención cerrados.
Los locales abiertos funcionan gracias a las donaciones y colectas que realizan los vecinos y vecinas. «El vínculo con la gente no se cortó, hacemos lo que podemos para mantenernos activos», aseguró Puggioni a Salta 12.
El referente dijo que durante la anterior gestión nacional las partidas se giraban desde el Ministerio de Desarrollo Social directamente a los supermercados mayoristas en donde se adquirían los alimentos.
Según declaró el dirigente, desde noviembre el gobierno nacional canceló el envío de fondos para contener el hambre, que Salta no fue la excepción y que ahora con Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano la situación se tensó aún más.
«Nosotros habíamos llegado a un acuerdo con Provincia para contar con fondos desde enero de este año», relató Puggioni, en alusión al Ministerio de Desarrollo Social salteño. «Pero nos informaron que no logran que los comercios mayoristas presupuesten a precios razonables», agregó.
Puggioni contó que debido a la escalada inflacionaria, la cotización de insumos básicos se hace a precios elevadísimos. En una reunión el lunes último, entre referentes de distintas organizaciones y funcionarios de la cartera de Desarrollo Social de la provincia, les explicaron «que a productos como el azúcar, los proveedores estaban cotizando a tres mil pesos el kilo».
Los comerciantes, por su parte, argumentan que la escalada inflacionaria y los tiempos burocráticos del Estado salteño para liquidar lo presupuestado los obliga a recurrir al sobreprecio. «Nadie quiere vender en grandes cantidades porque les conviene hacerlo de a poco», acotó Puggioni.
