lunes 20 de mayo de 2024
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Memorias de fuego | La muerte del militante popular y las coimas del empresario poderoso

Un día como hoy de 2015, Pablo Moreno repelió un avance policial con una antorcha hiriendo a dos policías. Murió seis meses después en una comisaría pero aquel día protestaba por la suspensión de los trabajos del Gasoducto del Noreste, a cargo de una empresa cuyo dueño hoy está detenido en la causa de los cuadernos. (Daniel Avalos)

Hay hechos que visibilizan bien la fenomenal diferencia entre los pobres y ricos de este país. El más reciente de esos hechos es la detención de Raúl Vertúa en la causa de los «cuadernos Gloria» por ser potencial miembro de una asociación ilícita. Se trata del dueño de Servicios Vertúa S.A, adjudicataria de obras millonarias que incluyó un tramo del Gasoducto del Noreste que debía abastecer de gas natural a habitantes de Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones. El contrato para construir el primer tramo de los nueve en los que había sido dividida la obra, fue adjudicado a esa firma para conectar Salta con el gasoducto Juana Azurduy de Bolivia, aunque finalmente el contratista la dejó inconclusa aduciendo razones de todo tipo que no son del interés de estas líneas.

Nuestro interés radica en otro hecho: la suspensión de los trabajos y los anuncios de que ya no se tomarían operarios de la zona; deslizó a desocupados de Rivadavia a protestas. En una de ellas, entra en escena un criollo de Rivadavia Banda Norte al que todos denominan Morillo. Se llamaba Pablo Moreno, el joven que se hizo famoso un 29 de septiembre del 2015 cuando en un piquete en el ingreso al obrador de la empresa protagonizó un episodio que la televisión popularizó: con antorcha y nafta en mano repelió un avance policial lesionando a dos efectivos de la guardia de infantería.

Pablo Moreno.

El contexto

Morillo siempre fue una localidad con pobreza sobredimensionada. En el año de los hechos, el Ministerio de la Primera Infancia redactó un informe en donde daba cuenta que de sus casi 10.000 habitantes, el 35% eran wichis, que el 11% de la población total era analfabeta, que un 35% vivía en viviendas con piso de tierra, un 47% padecía hacinamiento, otro 19% carecía de baños, un 25% de electricidad y el 82% no accedía a agua caliente. Pobreza así suelen producir entre quienes la padecen dos conductas extremas: grupos humanos que desalojados una y otra vez de sus tierras se arrinconan en el monte; o dirigentes que ven en la organización la posibilidad de escapar a la pobreza material y al fatalismo espiritual ante lo establecido.

Pablo Moreno era de estos últimos. Entre las curiosidades que envolvieron su historia personal, resalté dos en un artículo publicado el 2 de abril de aquel año: la del criollo querido por las comunidades originarias en un lugar donde las relaciones entre unos y otros suelen ser tensas; y la de haber forjado fuertes vínculos con sectores de la Iglesia como la Pastoral Aborigen o con el exobispo de Orán, Marcelo Colombo, quien ganó notoriedad abrazando causas ambientales y reivindicando la figura de Enrique Angelelli, el obispo asesinado por la dictadura por “pastorear con un oído en el pueblo y otro en el evangelio”.

No faltaron en aquel 2015 personas que aseguraban que fue Colombo, justamente, el que intervino por Moreno cuando en el año 2009, el inefable intendente del lugar, Atta Gerala, impulsó una causa judicial contra de Moreno por disturbios en la sede municipal. Habría que enfatizar además, que la enemistad entre el jefe comunal y Pablo Moreno era de larga data. La familia de éste último la asociaba al proceso por el cual los fondos que remitía el kirchnerismo para proyectos productivos prescindían de la intervención del intendente y para mediar directamente con una mesa coordinadora integrada por criollos, wichis y ONG’s en donde destacaba la figura del propio Pablo.

Esa larga historia fue sepultada por un minuto de imágenes televisivas de alto impacto y baja información: la de Pablo Moreno repeliendo con fuego la arremetida policial. Las imágenes permitieron a la policía asociar al desocupado con la violencia irracional y acallar la versión distinta: el avance policial indiscriminado sobre mujeres y niños que ocasionaron una herida de bala de goma a Giovani Moreno: el hijo de Pablo quien con la antorcha en una mano y una botella de combustible en otra buscaban que su figura concentrara la atención de los efectivos a fin de liberar a su mujer e hijo.

Pablo Moreno ni siquiera escapó. Tras los hechos se dirigió al hospital de Morillo para atender a su hijo, aunque por entonces ya se había convertido en blanco de una fuerza policial y un ministro de Seguridad que dejaban en claro que ningún piquetero podía enfrentarlos y salir fresco del atrevimiento. El ministro, incluso, aseguraba que el violento era buscado por debajo de cada piedra del chaco salteño aunque nunca dieron con él, hasta que finalmente, el 13 de octubre del 2015, Moreno se entregó en la Ciudad Judicial de Tartagal.

El suplicio

Desde entonces y durante cinco meses su vida fue un calvario que culminó el 18 de marzo del 2016 cuando murió en una celda de la comisaría 45 de Tartagal. Desde ese día los familiares denunciaron las extrañas circunstancias de su muerte con testimonios orales a los que se sumaron luego cartas del reo dirigidas a su hermano Pascual quien reside en nuestra ciudad. Mi encuentro con éste a fines de marzo del 2015 se llevó a cabo en una confitería céntrica. Pascual había empezado un peregrinaje por los medios para asegurar que su hermano había sido asesinado. La prensa locuaz para condenar al “incendiario” se mostró luego menos dispuesta a tratar un tema que obligaba a preguntarse si la barbarie habita en los desocupados que exigen empleos o en los uniformados que aseguran resguardar la civilización.

Pascual endurecía el tono al recordar que el primero en prometerle a su hermano el triste final, fue “Calermo”, el jefe de la Brigada de Investigaciones de Tartagal. Ocurrió el martes 13 de octubre de 2015 en la Ciudad Judicial de esa localidad, cuando el dirigente campesino se presentó ante la justicia. Ese día las fotos mostraban un enjambre humano formado por familiares y la abogada Sarah Esper que buscaban resguardar la integridad de Moreno. A Calermo no le importó que todos escucharan su advertencia precisa: “Preparate porque de acá te sacan en bolsa”.

Pascual rememoró incluso su última visita a Pablo en la comisaría 45 de Tartagal durante la primera semana de enero. Lo vio con un moretón por encima de una ceja, otro en la zona del mentón y con la zona de los tobillos inflamados. El encarcelado le relató entonces que su detención era un calvario y que los responsables eran los miembros de la Guardia de Infantería y de la Brigada de Investigaciones. Los primeros querían vengar a los dos efectivos que resultaron con quemaduras leves el día de los incidentes; los segundos lavar la vergüenza de dirigir sin éxito 14 días de pesquisas por el monte.

Cuando Pascual creyó interpretar que el relato me resultaba inverosímil, extrajo de un folio de plástico las 9 hojas del cuaderno Gloria (sí, cuaderno Gloria) en donde la víctima exponía y rubricaba su desgracia. La fechada el 9 de enero de 2016 era la más desesperada de todas. Llevaba por encabezado la leyenda “Para Pascual mi hermano” y parte del contenido decía lo siguiente: “Hermano habla con mi abogada y abisale q, yo te pedi ayuda; si es necesario hace o agan denuncia en gendarmería en Salta (…) ase público que nunca me recibieron la denuncia en la fiscalia x las amenaza de muerte q me hicieron los policias” (sic).

El resto de los escritos mencionaba nombres de uniformados que lo amenazaban: un miembro del servicio penitenciario de apellido Figueroa quien le dijo: “te estamos esperando en la alcaldia (sic) p/ enseñarte como son las cosas quemardosito”; otro policía al que Moreno identificaba con el apellido Juárez y que al momento de su muerte estaba a cargo de la dependencia de Morillo, aunque aquel 13 de octubre fue el que lo recibió en la comisaría 42 de Tartagal; y también mencionaba a otro uniformado que la víctima creía haber escuchado que se apellidaba Villalba. No era todo. Moreno denunciaba que la fiscal de Embarcación, Lorena Martínez, le hacía saber que ninguna denuncia contra los policías sería aceptada: “lo unico q ise fue una exposición x las amenasas que me isieron hace lla un tiempo los gerala, hijo del intendente de Morillo (Habraam). Ai ese mismo dia la fiscal autorizo q me tomen cualquier denuncia en contra de cualquier otra persona menos en contra de la fuerza policial”.

Una lectura rápida de los papeles me deslizó aquella vez a la pregunta obligada: ¿Por qué los escritos no fueron puestos a disposición de la abogada en el momento oportuno? La respuesta del menor de los Moreno fue resignada. Las cartas estaban en poder de Silvina Juárez, la mujer de Pablo, quien le entregó los materiales cuando lo peor ya había ocurrido.

Pascual, hermano de Pablo Moreno.

La viuda

Viajamos entonces a Morillo para hablar con la viuda de Pablo Moreno que cuando escuchó la pregunta sobre por qué las cartas no llegaron a destino, respondió sin complejos: “Tenía miedo, es caro mandar cartas a Salta y no pensé que iba a pasar lo que pasó”. Silvina Juárez era menudita, aunque el dolor parecía haberla encogido un poco más. Nos recibió en su casa de Morillo el día miércoles y cuando respondió lo que respondió, los presentes en la mesa ejercitaron gestos de evidente comprensión. Allí están Yolanda Moreno, la otra hermana de la víctima; el hermano de la propia Silvina; y la madre de Pablo, Sara Salvatierra, quien sólo tenía fuerzas para recordarme que “a mi hijo me lo han matado”.

No era fácil registrar sus testimonios. El dolor insondable, la certeza de que su tragedia ocurría en las profundidades de un monte indiferente para el salteño de las ciudades y la esperanza de que la Justicia alguna vez se ponga en marcha para ellos, los empujaba a relatos con cientos de detalles que, inconexos en un principio, iban ordenándose cuando el meollo de la cuestión quedó expuesto: tanto efectivos de Infantería como de la Brigada de Investigaciones de Tartagal estaban ensañados con la víctima; la situación procesal del detenido se deslizaba hacia su liberación que incluía un traslado de Tartagal a la comisaria de Morillo que debía efectivizarse el día en que Pablo murió; y que éste era un referente de largas luchas sociales que lo enfrentaron a la policía pero también al hombre fuerte del lugar: Atta Gerala.

Todos los que estaban en aquella mesa, habían visitado a Pablo en la comisaría el jueves 17 de marzo, entre las 14 y las 16 horas. Comieron juntos, se rieron juntos y vieron cómo el hijo encarcelado le aseguraba a su añosa madre que pronto saldría de prisión y la acompañaría al médico para tratar las dolencias que padece. “Estaba bien mi hijo. El me acariciaba el pelo y yo también el suyo. Por eso le digo que me lo han matado a mi hijo”, decía Sara mientras sus manos intentaban en vano secar las lágrimas que le humedecían el rostro.

Todos aseguran que entre el jueves 17 y las 17 horas del viernes 18 de marzo fue puro regocijo familiar. La razón era simple: concluida la visita se entrevistaron con el juez de Garantías, Nelson Aramayo, quien les aseguró que en diez días Pablo quedaría en libertad. Lo ocurrido al día siguiente reforzó las expectativas. La abogada Sarah Esper se comunicó a las 17 horas para informarle a Silvina que se había firmado la orden de traslado de Pablo a la comisaría de Morillo. La noticia era doblemente celebrada: desde ese día se ahorrarían los 360 kilómetros ida y vuelta que separan Morillo de Tartagal para visitar al ser querido; y el traslado efectivo constituía para ellos una prueba inequívoca de que pronto Pablo recuperaría la libertad.

La felicidad duró tres horas. A las 20 del mismo viernes el teléfono de Silvina volvió a sonar. Del otro lado de la línea, un primo de Pablo de nombre Fermín, le comunicaba que el padre de sus hijos había muerto tras sufrir convulsiones y vómitos que le causaron una muerte por bronco aspiración.

Silvina Juárez.

La abogada

Fuimos entonces al estudio de la abogada Sarah Esper. Nos recibe en su estudio ubicado a una cuadra de la plaza principal de Tartagal. Le hicimos entrega de las cartas que Pascual Moreno nos compartiera en Salta; le relatamos la versión familiar sobre la inminente liberación de Pablo; le aseguramos que otras fuentes reforzaban esos dichos porque Aramayo firmaría un “recupero de libertad con medidas sustitutivas a la presión preventiva” que supone excarcelar al reo y garantizar que se presente a la justicia regularmente para dar continuidad al proceso. Las fuentes, incluso, aseguraban que el magistrado analizaba un cambio de caratula que beneficiaría al imputado y que ella, Sarah Esper, estaba al tanto porque el propio juez se lo habría informado en reuniones informales.

La abogada no avaló ni desmintió la versión. Se limitaba a pedir prudencia pero no se acomplejaba al decir que los procedimientos jurídicos sucumbieron ante la conducta de policías y miembros de la Justicia que habían hecho de “Pablito” un blanco de caza y de cómo ella había pedido tal liberación. “El pedido de traslado lo hago el 2 o 3 de febrero. El motivo era sencillo: facilitar las visitas de la familia a Pablo. Por eso lo pedí para Morillo o en su defecto para Fortín Dragones o Padre Lozano que están en la zona. Las respuestas de las comisarías fueron de risa. La de Morillo se declaraba sin lugar para alojarlo y las otras dos decían que no podían hacerlo porque no contaban con celdas con la seguridad requerida para el reo”.

La situación se destrabó luego de una reunión entre la abogada y el Secretario de Detenidos de la provincia. Fue entonces cuando Esper elevó un despacho al Juez de Garantías Nº 1 que decía: “… vengo en tiempo y forma a poner conocimiento de V.S. que, de conversación mantenida en fecha 1/3/16 con el Dr. Boris Braian Romero, más documentación que el mismo pusiera a mi vista; tomé conocimiento que por ante la Comisaría Nº 44 de la localidad de Cnel. Juan Solá (Morillo), sólo se encuentran detenidas dos personas; por lo que viene en mendaz el informe que da cuenta que no habría lugar para alojar a Pablo Francisco Moreno por ante dicha dependencia policial”.

El traslado, sin embargo, tardó en ordenarse. Esper admitió que la orden provino tras una reunión que mantuvo en el juzgado durante la mañana del día en que su defendido dejó de existir. A la tarde, un mensaje de texto proveniente del juzgado le informó poco antes de las 17 horas, que la orden de traslado ya había sido remitida a la Brigada de Investigaciones. Fue entonces cuando Esper se comunicó con Silvina Juárez para darle la noticia. Ni bien cortó, empezó a llamar a la Brigada para interiorizarse sobre los detalles del traslado. En menos de tres horas, le informaron que Pablo Moreno había muerto.

El Estado, en definitiva, fue incapaz de garantizar la integridad de quien estaba a su resguardo, mientras se levantaban voces que aseguran que la fuerza policial era la responsable directa del deceso del dirigente. Esas voces ya se acallaron. Es lo que pasa con las tragedias, los temores y las esperanzas de los que ni siquiera tienen voz. Un destino que nada tiene que ver con el que el empresario Raúl Vertúa sufrirá porque aun cuando hoy esté detenido, su condición lo pondrá más pronto que tarde en una situación que los encontrará por encima de las leyes como suele ocurrir con los millonarios, mientras Pablo Moreno era tan excluido que además de haber muerto excluido del mercado de trabajo, también lo estaba del acceso a la justicia.

La abogada Sarah Esper.

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