Se trata del grupo de los hermanos Karlen. Habían avanzado contra un terreno equivalente a la mitad de la Ciudad de Buenos Aires.
En 2013, el Grupo Karlen, propiedad de los hermanos Juan José y Daniel Karlen, desmontó 11 mil hectáreas en Tartagal, un espacio equivalente a la mitad de la Ciudad de Buenos Aires. Nueve años después, se supo que mediante una presentación ni siquiera intentaban cumplir el Plan de Ejecución de Recomposición Ambiental que se le había impuesto.
Nuevo Diario informó que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1° Nominación del Distrito Judicial del Norte–Tartagal, rechazó el recurso de apelación interpuesto por Karlen y ordenó dar estricto cumplimiento al fallo judicial.
En agosto de 2021, el apoderado de los propietarios había interpuesto un Recurso esgrimiendo que vulneraba el principio de bilateralidad, igualdad procesal y defensa técnica a su parte, por la sanción judicial que se les imponía. Los Karlen, a través de multas procesales diarias, ya habían acumulado una deuda millonaria para ese momento.
El matutino agregó que en los primeros meses de 2013, funcionarios de la oficina de Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta detectaron tareas de desmonte en más de 11 mil hectáreas en las tierras de los Karlen. El organismo de aplicación ordenó la paralización y cese de las tareas, que se estaban realizando o pudieran realizarse, conforme el principio precautorio.
El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, impulsó en ese momento una causa contra Karlen por desobediencia judicial. El 2 de octubre de 2015, la jueza Azucena Vázquez de la Sala II del Tribunal de Juicio, dictó una condena inédita en materia jurídica ambiental en el país en materia de incumplimientos de órdenes administrativas y judiciales contra desmontes, a uno de los demandados. En diciembre de 2018, tras una larga y compleja conciliación entre el Karlen y la Procuración General, los productores agropecuarios firmaron un acuerdo por el que cedieron sus pretensiones de explotación intensiva sobre las 11 mil hectáreas y convinieron con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcaría toda la finca y se extendería en el tiempo por 30 años. Debían establecer y mantener un vivero con un stock permanente de 120 mil ejemplares por temporada de reforestación. También realizar una importante inversión en materia social.
No es la única disputa judicial. En 2016 Juan José Karlen fue condenado a seis meses de prisión por desmontar un predio sin autorización y por desobedecer una orden de clausura y sembrar con el empleo de 157 trabajadores en negro y de niños, en condiciones infrahumanas.
