La justicia pedía 10 millones como fianza. Su defensa aseguró que no tenía para pagar. Ahora sólo deberá presentarse cada 15 días para firmar en el juzgado.
Tras casi tres meses detenido en el Juzgado Federal, Matías Huergo está nuevamente en libertad. Este empresario es señalado por falsificar facturas con empresas ficticias para obtener licitaciones. Así la estafa alcanzó cifras millonarias. En la causa quedaron implicadas la Municipalidad de Salta, Aguas del Norte e incluso el Gobierno de la Provincia. Quienes declararon en su momento, y que figuraban como “dueños” de las empresas truchas, señalaron que sólo habían prestado la firma.
En su momento la Justicia pidió 10 millones de pesos como fianza para que el Huergo recuperara la libertad. Desde la defensa del empresario argumentaron que no contaba con esa cantidad. También señalaron que era una cifra abultada que no correspondía al no haber una investigación pendiente. Luego propusieron colocar algunos bienes, que estaban a nombre de familiares de Huergo, como garantía. Esto también fue rechazado por la Justicia.
Al final, tras la última audiencia, ayer la Sala I de la Cámara Federal de Salta le otorgó ayer la libertad al empresario. Señalaron en el escrito de la Resolución que “el Tribunal deliberó y por mayoría se hizo lugar al recurso de la defensa -al que adhirió el fiscal general subrogante- disponiendo revocar la caución real de 10 millones dispuesta por el juez y en su reemplazo imponer al imputado una caución juratoria y la obligación de comparecer ante el Juzgado Federal 1 de Salta cada 15 días, y por ello, su inmediata liberación”.
La investigación de la causa, como se dispuso tiempo atrás, quedará dividida. Por un lado la justicia federal tomará los delitos vinculados al régimen penal tributario y al eventual lavado de activos. En tanto que la justicia provincial actuará sobre las denuncias por fraude a la administración pública municipal y provincial de Salta, las negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, peculado, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito.
