Una de las presentantes, entrevistada en el programa Cuarto Oscuro (FM La Cuerda 104.5), señaló que la inacción judicial les llama la atención cuando las pruebas de que los desmontes han incrementado exponencialmente en la provincia durante los últimos meses.
El año pasado, mediante una resolución, el gobierno provincia suspendió las audiencias públicas en casos de desmontes. Entre cuatro organizaciones ambientalistas salteñas presentaron una acción popular de inconstitucionalidad en la Corte de Justicia de Salta para que sea revocada esa decisión. Hasta ahora no han tenido respuesta. 5 de los 7 jueces ya se habrían expedido al respecto, faltan los otros dos. La espera, en este caso, se hace eterna. La presentación se realizó el 1 de diciembre del año pasado.
Verónica Ardanaz, de la Fundación Cebil, quien junto a otros estampó la firma en este pedido, señaló en el aire radial que son más de 20 ciudadanos: “Muchos que ya vienen de manera particular defendiendo los montes nativos, gente que vive en San Lorenzo y defiende las yungas ante los avances inmobiliarios, jóvenes que están en un proyecto para reforestar los cerros quemados el año pasado, producto de negocios inmobiliarios turbios, que van por las zonas grises de la ley y otra gente que se sumó a esta acción judicial”. En ese sentido señaló que incluso los abogados donaron sus honorarios para participar en la causa voluntaria.
“Básicamente lo que queremos es que se respete la Constitución Provincial, Nocional y las leyes. Porque estas resoluciones son realmente vergonzosas desde el punto de vista jurídico, desde el sentido común, dado que Salta es la provincia con el mayor índice de desmonte en el país y con una gran cantidad de problemas sociales derivados de eso”, comentó Ardanaz.
La activista ambiental también apuntó: “Estas resoluciones avalan los desmontes sin audiencias públicas pero además, incluso, de manera retroactiva. Los estudios que estaban pendientes de autorización ahora se hacen de manera directa y como un simple trámite administrativo”. Luego indicó que la ley de bosques en la provincia ya se venía cumpliendo de una manera “muy irregular”. Respecto a las multas, Ardanaz comentó que no son efectivas, pues suelen ser apeladas, en el mejor de los casos, o definitivamente nunca pagadas. “Es un vuelto para esta gente que hace negocios a gran escala. Entonces la solución no es aumentar el precio de las multas, sino que directamente no se desmonte. Tiene que haber otro modelo productivo”, renegó.
En cuanto a la inacción de la justicia salteña tras la presentación del amparo, Ardanaz indicó que les llama la atención -a los presentantes- porque “la presentación que se hizo está amparada por la Constitución provincial, es una acción popular de inconstitucionalidad. La propia constitución nos da esa facultad a los ciudadanos que cuando vemos normas que son violatorias. Y nos llama la atención por qué no se resuelve en la justicia, porque está todo muy claro, que en este periodo de pandemia se aumentó de manera exorbitante la cantidad de desmontes”.
