Un salteño que logró escapar de una finca en el sur mendocino denunció las condiciones infrahumanas en las que vivía junto a otros nueve hombres. La Policía Federal allanó el lugar y detuvo al encargado.
Diez trabajadores «golondrina» que habían sido engañados con falsas promesas de buen trabajo y pago fueron rescatados de una finca en la localidad de Real del Padre, en el sur de Mendoza, donde eran explotados laboralmente por el encargado del lugar. El operativo se realizó luego de que uno de ellos, oriundo de Salta, lograra fugarse y denunciar la situación ante el Ministerio Público Fiscal de San Rafael.
Según informaron fuentes policiales, el denunciante declaró que el encargado lo había contactado para trabajar en las cosechas de peras y duraznos, ofreciéndole una muy buena remuneración económica, pero que no cumplió con la misma. Además, relató que el pago era mucho menor al pactado y que las condiciones de vida eran extremadamente precarias, sin puertas ni ventanas, sin luz ni agua, y sin posibilidad de salir del predio.
La investigación estuvo a cargo de la brigada de la División Unidad Operativa Federal San Rafael, que determinó con exactitud el lugar y la identidad del responsable, así como su modus operandi. El encargado se dedicaba a reclutar trabajadores golondrina provenientes del norte del país, a quienes les pagaba el pasaje en micro y les descontaba el costo del traslado de su sueldo. También contaba con dos camiones con los que, junto a su hermano y su padre, trasladaba a los trabajadores a otras fincas cercanas.
El allanamiento se llevó a cabo con la asistencia de varios organismos nacionales, como el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Migraciones, la AFIP y el Renatre. En el lugar se encontraron a los diez trabajadores, que fueron liberados y asistidos, y se detuvo al encargado, a quien se le secuestraron teléfonos celulares, notebooks, fichas de pago y los dos camiones.
La Justicia Federal de San Rafael espera los informes policiales y de los demás organismos para formular la imputación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, que tiene una pena de entre cuatro y diez años de prisión.
No es la primera vez que salteños se ven perjudicados por inescrupulosos que los seducen con promesas que después no cumplen, ofreciéndoles un mejor pasar, y luego los mantienen cautivos, en algunos casos sin cobrar absolutamente nada.
