La familia de la salteña es demandante. El ex marino vivió impune y se hizo millonario en ese país. Hoy enfrentará un juicio civil en una corte federal de Florida. Es el único militar al que falta juzgar en Argentina por los hechos del 22 de agosto de 1972.
A poco más de un mes de cumplirse los 50 años de los fusilamientos en la Base Almirante Zar, Bravo deberá sentarse en el banquillo de los acusados en un juzgado de EEUU. Allí vive desde el año 1973 y allí logró amasar una fortuna gracias a los negocios que supo tejer utilizando sus contactos con el Pentágono.
“El proceso que empieza hoy es una demanda civil de 4 de las 19 víctimas de los fusilamientos de Trelew por su presunto papel en la masacre cometida en la base Almirante Zar la madrugada del 22 de agosto de 1972. La demanda se basa en la ley de protección de víctimas de tortura y busca la rendición de cuentas y reparación. Se trata de un juicio civil ante un jurado en una corte federal para el distrito sur de Florida, que iba a comenzar el 28 de febrero, pero luego de un pedido de postergación de su abogado defensor por razones de salud se pospuso hasta hoy”, destacó el sitio Infobae.
Bravo es el único responsable de la masacre de Trelew que no ha sido todavía juzgado debido a una serie de circunstancias que garantizaron su impunidad: durante años no se pudo establecer su paradero y, por otra parte, nadie lo buscaba. En 1973, antes de terminada la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, Bravo fue enviado como “agregado militar” a la Embajada Argentina en Washington. En los años siguientes recibió entrenamiento por parte del Ejército de los Estados Unidos. Se retiró de la Armada Argentina en 1979 para empezar a trabajar en una empresa de electrónica estadounidense y en marzo de 1980 recibió su estado de “residencia permanente” para luego (1987) naturalizarse como ciudadano de los Estados Unidos. En 1982 se trasladó con su familia a Miami, donde fundó la empresa RGB Group Inc. dedicada durante años al suministro de servicios médicos para el Pentágono.
Bravo fue ubicado en Miami en el año 2009. Al año siguiente fue detenido por la Justicia norteamericana mientras estudiaba el pedido de extradición de la Argentina para ser juzgado por la masacre de Trelew. Ese pedido no prosperó y fue liberado, pero la reputación de Bravo sufrió un golpe durísimo y sus negocios se vieron perjudicados. En 2014 debió cerrar RGB Group porque la mayoría de sus clientes no quisieron trabajar con un acusado por delitos de lesa humanidad. Siguió librando una batalla judicial para eludir nuevos pedidos de extradición, hasta que en octubre de 2019 fue nuevamente detenido. Por entonces llevaba 47 años viviendo en EEUU en el lujoso barrio Sans Souci Estates junto a su esposa y en las cercanías de las casas de sus tres hijos.
Sus cómplices en la Masacre de Trelew estaban presos o habían muerto en prisión en la Argentina. Sólo él, hasta entonces, se había escabullido de las manos de la Justicia. Si quedaban dudas sobre la fortuna que el ex marino había amasado en los Estados Unidos, estas se disiparon cuando su abogado ofreció como fianza un millón de dólares en efectivo más otro bono garantizado con propiedades de familiares y amigos por valor total de 4.327.000 dólares. Con esas garantías lo dejaron en libertad mientras continuara el proceso.
Casi tres años después de esa última detención el exmarino, que cumplió 80 años, está en libertad, aunque enfrenta dos procesos diferentes: la causa civil que se inicia hoy y el juicio de extradición que aún no dio frutos. En su informe, el fiscal descartó que lo ocurrido en la Base Naval Almirante Zar fueron ejecuciones extrajudiciales y que, como tales, no pueden considerarse una excepción al tratado de extradición entre los Estados Unidos y la Argentina. El juez interviniente en el caso, Edwin Torres, no ha fallado sobre el asunto.
En las audiencias de la causa civil que se inicia hoy, un equipo de abogados estadounidenses presentará pruebas testimoniales y documentales de los homicidios de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho, y la tentativa de homicidio de Alberto Camps la madrugada del 22 de agosto de 1972. El jurado deberá decidir si Bravo es legalmente responsable de esos hechos y en tal caso fijar daños compensatorios a los familiares de las víctimas.
Es posible que un fallo a favor de los demandantes haga una pequeña mella en la fortuna amasada por el exmarino, aunque esa no es su mayor preocupación: lo que realmente teme es ser extraditado a la Argentina para ser juzgado penalmente por sus crímenes.
