Un sector de la sociedad salteña marchó para exigir la reforma de un sistema desprestigiado que se volvió dueño de un poder permanente, una mafia sin pasión. (Daniel Avalos)
La marcha de ayer se llevó adelante en al menos treinta ciudades del país. En CABA o Rosario la concentración fue multitudinaria. En otras localidades, como Salta, la cosa fue modesta. Pero todas estuvieron atravesadas por una novedad: es la primera vez que el Poder Judicial es blanco exclusivo de lo que se pretende cambiar y el rostro de jueces es la síntesis de lo que funciona mal. La oposición denunció a los intentos de reformas como un embate de la “dictadura” populista. Sin sonrojarse, asegura que la Justicia realmente existente en nuestro país resguarda la pureza institucional y presenta a los jueces cuestionados como monjes con votos de castidad republicana.
No vamos aquí a promover o a defender el proyecto de reforma oficial que el gobierno se muestra impotente para impulsar. Sí vamos a impugnar la opinión de las “bellas almas republicanas” que defienden a esta Justicia y que, por lo general, son reclutadas de tres sectores: halcones macristas como Elisa Carrió, que renunciaron al ejercicio de la política para dirimir las diferencias judicialmente; medios y no pocos periodistas canonizados, como Daniel Santoro, dispuestos a producir información falsa para darle direccionalidad política para encarcelar opositores; y jueces capaces de desmenuzar las leyes para sentenciar que el espíritu o la letra de las mismas a veces sirven para enjuiciar a unos y al día siguiente para absolver a otros. Todos bien pertrechados por servicios de inteligencia que obtienen información ilegalmente o la producen maliciosamente. Se trata de un bloque poderoso que el establishment en general y el antiperonismo en particular celebra no por su castidad republicana sino por su vocación política y por no haber dado un paso atrás en su permanente lucha contra un gobierno en particular.
Muchos advierten que no todo es así. Tienen razón en parte. Claro que hay hombres y mujeres sanos en esos sectores. Pero no es menos cierto que esta gente magnífica difícilmente pueda enderezar lo que esta mafia ha torcido. La barbarie ilustrada se volvió sistema, el lawfare doctrina y por ello sus cultores podrían escribir una enciclopedia del apriete. Jueces de la Corte de Justicia, muchos federales de Comodoro varios camaristas, jueces ordinarios y fiscales constituyen una casta ponzoñosa que devino en un monstruo incontrolable incluso para la clase política que la creó.
Por eso, la justicia federal puede asemejarse al Frankenstein que la novela de Mary Shelley inmortalizó en 1818: monstruos cuyos rasgos fundamentales son el exceso y el defecto; hombres y mujeres que dependen de la política para ser nombrados, aunque una vez en el sillón se liberan por completo de sus mentores y los conservan como aliados o enemigos según el puro interés personal; funcionarios judiciales poderosos que no deben preocuparse por mantener el puesto porque sus privilegios son vitalicios. He allí las condiciones de posibilidad para que devengan en un poder permanente y encarnen bien eso que Domingo Sarmiento definió en su libro “Facundo” como la “maldad sin pasión”: monstruos políticos dispuestos a someter desde un gabinete racionalizando la trampa y arropando de rigor técnico fallos interesados. Nada bueno puede recuperarse de esa casta, nada que pueda enriquecer el futuro, nada que merezca la pena conservarse. Por ello mismo una reforma de la Justicia es urgente.
La situación salteña
La necesidad de una reforma también se siente en Salta. Una provincia en donde la Justicia devino en coto particular y exclusivo de un centenar de apellidos que acceden a cargos claves porque ser hermanos/as, esposas/os, cuñados/as, primos/as o amigos/as de personajes que ya ocupan puestos estratégicos en la Justicia misma o en el Ejecutivo. Acá también hay jueces, camaristas o miembros del máximo tribunal asociados al diseño de listas blancas o negras que posibilitan el ascenso o descenso de determinados nombres en el Poder Judicial. Acá también emiten fallos funcionales al Poder o cajonean causas que al prescribir favorecen a los bendecidos de ese Poder. En Salta casi nadie duda que la Justicia está subordinada a un poder político que recompensa a jueces dispuestos a descomprometerse con la búsqueda de la verdad para servir al “Don” de turno. En definitiva, acá también lo indecoroso es propiedad de una “clase judicial” que, como la “política”, decide cosas a puertas cerradas y reuniéndose en las sombras.
Jueces que también pretenden que los ciudadanos sepamos sólo lo que ellos consideran oportuno que sepamos porque, simple y poderosamente, han privatizado la Justicia como cierta política ha privatizado lo público. Aquí viene a nuestro auxilio la palabra oligarquía. No para ser usada como habitualmente la usamos, sino para recordar al filósofo griego Cornelius Catoriadis, quien en un libro desencantadamente titulado ¿Qué democracia?, afirmó que quienes la comandan son una oligarquía por haber hecho de lo público un asunto privado y por no representar a nadie, salvo a sí mismos. Y entonces uno vuelve a preguntarse: ¿Vale la pena conservar este sistema judicial montado? ¿Las características de muchos de nuestros jueces pueden enriquecer el futuro? ¿En serio hay gente que honestamente cree que nada de esto debe reformarse?
