La denuncia penal realizada por el edil capitalino de Memoria y Movilización, Luis López, apunta al delito de incumplimiento de sus deberes como funcionario público.
El pez muere por la boca, y en este caso también por las imágenes que vincularon al empresario radial devenido en periodista y al otro empresario vinculado a la emisión de facturas truchas en un negociado que tiene a la municipalidad salteña en vilo. Porque tras el escándalo de la causa que se sigue por evasión fiscal contra dos firmas, se conocieron primero las fotos de la boda de Huergo, en las que aparecía nada menos que Martín Grande, e incluso el flamante procurador Abel Cornejo; y luego se conocieron las declaraciones del diputado nacional respecto a su amigo encarcelado, a quien le llevó, paradójicamente, facturas.
Uno de los asideros de esta denuncia realizada por el concejal López es precisamente un fragmento de la editorial que realizara Grande en su programa radial: “Se lo dije [a Huergo] en febrero, esto es un problema grave y si fuiste parte de una organización deberías decir la verdad y decir cómo era, porque si no el único salame que va a quedar en este sándwich sos vos, vas a estar preso durante un tiempo largo”.
Según el edil, “Si bien es cierto la justicia venía investigando esta evasión de impuestos, tomó noticia relevancia no hace más de un mes”. Entonces la pregunta casi obvia que se puede hacer cualquiera es ¿Martín Grande, el diputado cadete de los salteños, ya sabía de este caso de facturas apócrifas y no hizo nada?
La denuncia de López, como argumenta el concejal, se sostiene en el artículo 177 del Código Procesal Penal que establece la obligación de funcionarios públicos a denunciar en caso de conocer delitos perseguibles de oficio. Además el Código Penal en su artículo 248 establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictará resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes nacionales o provinciales”.
