Un graduado en la UBA, Gabriel Sánchez, explicó las implicancias del juicio académico contra el juez y docente. “Estos jueces confirman la existencia del lawfare y el vínculo con otros poderes para sacar actores populares del juego democrático”.
Graduado en la Universidad de Buenos Aires, el abogado salteño Gabriel Sánchez explicó las implicancias del juicio académico que se impulsa contra el juez federal y docente de la Facultad de Derecho, Julián Ercolini. “Como su nombre lo indica es un juicio, muy parecido en sus procedimientos a un juicio ordinario aunque sin consecuencias civiles o penales, que se sigue a un docente que por algún motivo merece ser apartado de su cargo en la UBA” enseñó y aclaró que “es un proceso largo y que incluso, una vez dictada la sentencia condenatoria, puede ser apelada en la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo donde fallarán los propios pares de Ercolini”.
“Más allá de lo que finalmente se resuelva, que se inicie este juicio es importante porque puede suspender en su tarea docente a Ercolini y exponer una situación muy delicada como la que se denuncia de este juez federal que habría incurrido en deshonestidad intelectual” consideró y argumentó que “la Ley de Ética Pública establece que un funcionario judicial no puede aceptar dádivas y Ercolini habría recibido, claramente, dádivas, es decir regalos o beneficios de un particular, el Grupo Clarín, que le pagó un viaje a Lago Escondido, en el sur del país”.
En declaraciones al programa “Cuarto Oscuro” de FM La Cuerda 104.5, Sánchez añadió que “en la comunidad educativa de la UBA hay mucha gente impulsando este juicio académico porque entienden que, claramente, Ercolini incumplió sus funciones y eso mismo sucede en otros ámbitos judiciales como el Consejo de la Magistratura donde también se impulsa la apertura de un sumario y en los Tribunales Federales” y consideró que “en este caso puntual está prácticamente demostrado que el juez federal Ercolini recibió dádivas y, por lo tanto, incumplió la Ley de Ética Pública y merece ser sancionado”.
Finalmente, el letrado salteño reconoció que “este tipo de conductas de algunos magistrados genera indignación e impotencia entre los abogados y, obvio, en toda la gente”. “No quiero meter a toda la justicia en una misma bolsa, pero estos jueces provocan una pésima administración de justicia y confirman la existencia del lawfare y el vínculo con otros poderes fácticos para sacar actores populares del juego democrático como en el caso de Lula Da Silva en Brasil” concluyó y advirtió que “si los jueces no comienzan a cumplir con la Constitución para impartir justicia vamos a entrar en una situación muy peligrosa para la democracia por el descrédito de la justicia”.
