Miranda Ruíz fue detenida por practicar un aborto legal y luego liberada. Explicó el procedimiento aprobado por una Jueza antes que otro la detuviera. También se refirió al caso del ginecólogo a quien denunció por abuso de una menor.
En un noticiero emitido por VideoTar, la médica Miranda Ruíz se dirigió a los tartagalenses para explicarles lo ocurrido y desenmascarar las mentiras que legisladores y algunos medios de comunicación difundieron. “No hay argumentos jurídicos ni médicos para sustentar las acusaciones que se me han hecho”, dijo la profesional mirando a la cámara, para luego precisar que la interrupción del embarazo se realizó el día 24 de agosto y desde ese mismo momento comenzaron las mentiras.
“Me da mucha pena que yo como médica, que mi paciente y los familiares de mi paciente hayan sido objeto de un uso político atroz de parte de un sector político de la sociedad en donde está la concejala Subelza y la legisladora [Cristina] Fiore que han mentido y expuesto a la paciente”, resaltó.
“El acta de imputación que yo tengo y habilitó que se me ponga presa dice que obligué a la paciente a interrumpir el embarazo. El proceso de interrupción del embarazo se hace con pastillas –misoprostrol– que se ponen por debajo de la lengua por media hora y después se traga. La cantidad de pastillas depende de la edad gestacional. Explíquenme cómo hago para obligar a una paciente a interrumpir el embarazo. ¿Le meto los dedos media hora y después le pido que los trague? Y esos que dicen que voy a quirófano, les digo que no soy cirujana. Soy especialista en medicina interna y estoy haciendo mi segunda especialidad en medicina familiar. Puedo indicar medicación, pero no hago procedimientos quirúrgicos”, destacó.
Acto seguido, se refirió a la conducta de la concejala tartagalense y también de la diputada Cristina Fiore, quienes replicaron la versión falsa en los medios sobre ella obligando a abortar a la paciente. “¿Por qué yo, como médica, estaría interesada en que mi paciente interrumpa el embarazo?”, se preguntó Ruiz. Luego señaló: “Como soy la única médica no objetora debo ir a la internación, hablar con todo el mundo, explicar y escribir mientras hago mis otras actividades como médica. Solo cumplo con una ley”, destacó.
“Le voy a pedir a Subelza y a Fiore que son funcionarias públicas, que les está pagando todo el pueblo de Salta y de Tartagal; que ejerzan bien su función como lo hago yo. Soy médica, estudio para mis pacientes y hago la mejor medicina que puedo y ellas tienen que hacer lo mismo. Ellas no se tienen que valer del cargo público para defender sus intereses personales. Fiore está militando en contra de la ley de aborto y está en todo su derecho, pero hace un uso político atroz de mi figura, de mi paciente y de los familiares para defender sus intereses personales. Porque si ella tiene que mentir y tergiversar la información y ver una médica presa para conseguir sus intereses [estos] son espurios porque los fines no justifican los medios”, denunció.
Miranda Ruiz advirtió además que las consecuencias de ello son graves: “no puede ser que no les importe que Tartagal se quede sin un médico. Acá todos somos imprescindibles porque somos pocos. No les importo que me dejen presa. Una locura. No les importa nada. Nosotros les pagamos y quieren dejar sin un médico a Tartagal. En octubre tenía planificada una rotación en Santa Victoria Este de dos meses para fortalecer el programa de tuberculosis y ahora no sé si puedo ir porque sigo imputada en una causa ilegitima y tengo que pedir una autorización al juez que me detuvo para poder ir”, lamentó.
Ruíz también desestimó el otro argumento que utilizaron para detenerla: que la interrupción del embarazo no estaba justificada por el tiempo de gestación. “Debo decir que el día 24 cuando se comenzó con la interrupción del embarazo y a raíz del escándalo mediático gatillado por Subelza, la jueza de Garantías de Tartagal llama a mi gerente preocupada por la situación a quien él le explica lo que consta en la Historia Clínica y la jueza interpreta que esto es legal. Los dos motivos de los que se valió el fiscal de Tartagal y el juez para detenerme no tiene ningún tipo de cauce ni jurídico ni médico y menos aún de procedimiento. Porque puede haber una investigación judicial en mi contra, pero porque me van a meter presa de manera precautoria. Bien, a eso yo tengo que decir que la justicia que tenemos no defiende a las mujeres”, sentenció.
En ese punto, la profesional recordó que el año pasado denunció de oficio a un ginecólogo del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. “La menor le fue a pedir una interrupción del embarazo y el señor le dijo: ´usted me da 20 mil pesos o tiene sexo conmigo tres veces a la semana´ y abusó de ella. Esto es de público conocimiento. Esa denuncia la hice yo y no sucedió nada. ¿Cómo puede ser que un ginecólogo en uso de funciones abuse de las mujeres y no haya un principio precautorio para protegerlas”, se preguntó la profesional para recordar que el ginecólogo abusador sigue trabajando en el hospital y en el sistema privado.
