Marcelo Domínguez asumirá en el Ministerio de Seguridad. En agosto de 2020 fue noticia al exigir dinero extra o vacaciones para realizar su trabajo durante la pandemia. Luego pidió disculpas.
Parecía mentira, pero no lo era. El desmesurado pedido surgía en medio de una pandemia en donde muchos perdían y otros tantos se quedaban sin nada. Había sido remitido al Presidente de la Corte de Justicia y estaba fechada el día 28 de agosto, dos días después de que la Acordada N° 13.175 dispusiera la última Feria Judicial Extraordinaria en el Distrito Centro a raíz del rebrote de la circulación viral comunitaria del COVID 19 en nuestra ciudad.
Los firmantes eran tres: María Domínguez, María Inés Casey y Marcelo Domínguez, el recién confirmado reemplazante de Abel Cornejo en el ministerio de Seguridad del gobierno provincial. En aquella nota Domínguez y sus colegas pedían a sus superiores que “se arbitren las medidas necesarias tendentes al reconocimiento del pago o compensación con días de licencia a utilizar por los magistrados, magistradas, funcionarias o agentes que presten servicios en este Tribunal durante la Feria Judicial extraordinaria establecida mediante la Acordada N° 13175”. Los jueces arroparon el mangazo con tecnicismos, apartados o artículos de Leyes y Reglamentos que confirmaban al menos dos cosas: siempre se puede desmenuzar las normas para acrecentar mezquinos privilegios y ello explicaba/ca el desprestigio que desde hace tiempo afecta a la Justicia.
Para los firmantes la demanda era justa porque aseguraban que las normas no distinguen entre ferias ordinarias o extraordinarias y que ambas “implica un incremento normal de trabajo” aunque – dicen – la pandemia compromete más “el normal desarrollo de las tareas jurisdiccionales propias de este Tribunal durante cualquier feria; tareas ya menoscabadas ordinariamente con motivo de la disminución del personal y funcionarios de esta dependencia”. Por entonces, varios desmentían ese argumento y resaltaban que por la acordada 13175 solo trabajaban de manera presencial algunos Juzgados y Cámaras, que ello era sólo para asuntos urgentes, mientras los no urgentes se los trabajaba de manera remota desde sus casas.
Tras el escándalo, el entonces juez hizo declaraciones radiales para admitir que el desmesurado pedido no había sido “oportuno”, pero trató de disculparse asegurando que se trata de un beneficio que se reconoce desde hace 45 años y aclaró que en la primera acordada que se firmó en marzo se estableció que los servicios prestados podían ser compensados, pero en la segunda acordada de agosto, hubo una omisión de este beneficio. Por ello, habrían realizado el pedido. Usó los mismos micrófonos de FM Profesional para declarar que le había parecido malicioso que se haya filtrado una nota interna.
