La columnista de género del programa Cuarto Oscuro (FM La Cuerda 104.5) aclaró los polémicos alegatos del médico Federico Mangione, quien aseguró que en su hospital no dan abasto a los abortos.
Postiglione inició la columna de este jueves recordando algo sucedido la semana pasada. Entonces el director del Hospital Materno Infantil, Federico Mangione, aseguraba que no daban abasto para realizar las interrupciones voluntarias del embarazo en ese nosocomio, pues incrementaron el número de casos. Puntualmente había señalado: “La ley no fija límite al aborto, me llegan consultas de 28 semanas”.
“Tal vez es cierto que aumentaron los casos, porque son los casos que nosotras desde el feminismo planteamos que estaban en la clandestinidad”, apuntó la columnista. “Lo que antes era invisible, ahora está llegando al sistema de salud. Esto va a requerir una adecuación del sistema por una ley que plantea un derecho que hasta antes del 30 de diciembre no existía. Esto implica acceder al aborto de manera voluntaria sin expresión de causa hasta la semana 14”, señaló.
Más adelante, la abogada aclaró: “Mangione planteó una confusión y es algo que quiero aclarar en esta columna. Decía que no hay plazos marcados para la ILE. Y lo que se reconoce como la interrupción legal del embarazo son las tres causales que ya existían desde antes, por violación o cuando está en peligro la vida. Ahí lo que se aplica es el protocolo que está aprobado por un decreto provincial desde el año 2018, donde se siguen los lineamientos de la OMS. Entonces, después del segundo trimestre, ya no se habla de aborto sino de cesárea. Hubieron varios casos de niñas que por el estado del avance de su embarazo han tenido que acudir a una cesárea. Esto quiere decir que el bebé nace con vida. Ahí corre otra reglamentación, otra normativa que es el código civil. Entonces este no es un problema que viene de ahora, sino de mucho antes”.
“Por otra parte, el tema de las clínicas privadas, que dicen que la mayoría no hacen esta práctica y se derivan este tipo de casos, debemos recordar que la ley nacional de interrupción voluntaria del embarazo, que se aprobó el año pasado plantea que las clínicas en caso de declararse objetoras de conciencia, tienen la obligación de derivar los casos y pagarlos. Es decir, deben derivar los casos cubriendo los costos”, aseguró Postiglione. “Que seas privado no te exime del cumplimiento de una ley nacional o provincial. Acá hay una cuestión en la que el Estado tendrá que poner sanciones respecto a las clínicas que no quieran cumplir con la ley”, acotó.
